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La justicia federal de Resistencia inició trámites para lo que podría ser una nueva causa por delitos vinculados a funcionarios políticos de la Provincia. En este caso, el fiscal federal Patricio Sabadini requirió informes a la Contaduría General de la Provincia sobre el Vicegobernador y otras siete personas. Entre los investigados está la ex esposa de Capitanich y actual jefa comunal de Campo Largo, Mónica Estela Pereyra, y uno de sus hijos.

La carátula de la causa es clara y precisa: “Investigación preliminar s/ Noticia Criminis s/Hechos de Corrupción y Lavado de Activos”. El oficio fue librado el lunes 25, y requiere información sobre las personas referidas, si fueron proveedoras del Estado provincial, ya sea directamente o a través de empresas, desde 2015 hasta la fecha. Aunque este es uno de los primeros pasos de la investigación y restan recabar más pruebas, el propio fiscal sugirió que podría dar lugar a un “Lavado 4”.

El documento nombra al vicegobernador Mateo Daniel Capitanich; su ex esposa y actual intendente de Campo Largo, Mónica Estela Pereyra; y uno de sus hijos, Branco Daniel Capitanich.

Además están Luis Guillermo Roa, quien fuera gerente operativo del Ipduv y ya había sido sujeto de un juicio de cuentas del Tribunal de Cuentas de la Provincia en 2009 vinculado a su actuación durante la gestión 2007 de Félix Zarabozo, y en 2015 fue designado Subsecretario de Obras Complementarias del Ministerio de Infraestructura.

También aparecen Orlando Rafael Sotelo, de Campo Largo, quien fuera candidato suplente a concejal de la localidad por el Frente Chaco Merece Más; María Carolina Borchichi, abogada, conocida como defensora del acusado de asesinar a Manuel Roseo y Nélida Bartolomé, Raúl “Gusano” Menocchio, eventualmente condenado a perpetua por su participación en esos crímenes.

Finalmente también aparecen el empresario Sergio Rodolfo Nazer, socio gerente del Grupo Pinck SRL, y Pedro Alberto Martínez, detenido en el marco de la causa Lavado II, padre de Natalia Martínez Guarino.

Ante un sinnúmero de cuestionamientos formulados en medios y redes sociales al fiscal Sabadini y a la jueza Zunilda Niremperger, a quienes les endilgan supuesta protección a la anterior gestión de gobierno provincial, el pedido del ministerio público sobre posibles hechos en los que podrían haber estado involucrados miembros de la familia Capitanich deja un claro mensaje respecto a que el velo que intenta correr la justicia es general y sin resguardar a nadie.

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