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El tribunal de la Cámara de Apelaciones ordenó a la magistrada que revea el último fallo donde no concedió la excarcelación a Roberto Lugo, el ex subsecretario de Comercio de la provincia e imputado en la causa Lavado I y en la megacausa que investiga los delitos precedentes.

El abogado de Lugo había solicitado el beneficio de la excarcelación basándose en la un fallo de la Cámara de Casación Penal sobre la situación de Ramón Chávez. En esta ocasión, la jueza federal Zunilda Niremperger rechazó ese pedido realizado por la defensa de Lugo la cual apeló el fallo, por lo que el expediente llegó a la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

En su fallo, firmado por el juez Juan Manuel Iglesias y los conjueces Miguel Aranda y Fernando Carabajal, resolvieron reenviar el caso al Juzgado Federal N° 1 para que Niremperger “proceda a dictar una nueva resolución”, pidiendo también una “actualización de los dictámenes e informes que se consideren necesarios”.

En ese sentido, la defensa de Lugo había insistido en que “el peligro procesal a que hace referencia la juzgadora al mencionar como fundamento el dictamen Fiscal para rechazar la excarcelación no se encuentra comprobado de manera efectiva y no surge de circunstancias concretas objetivas y ciertas”, a la vez que manifestó que Lugo “posee arraigo en nuestra ciudad, familia constituida, se sometió espontáneamente a la justicia y carece de antecedentes penales”.

Ante eso, los magistrados de la Cámara fueron contundentes y manifestaron que “ni la Juzgadora ni el Sr. Fiscal –Patricio Sabadini- efectuaron un tratamiento exhaustivo del escalonamiento coercitivo previsto en el nuevo Código, el que debe hacerse por imperativo legal”.

En ese sentido, también hicieron referencia a los recientes límites impuestos a las prisiones preventivas en el momento que explicaron que “analizado el dictamen del Fiscal en la anterior instancia, éste dictaminó que no correspondía el beneficio, sustentando su postura respecto de que los elementos objetivos no habrían variado, remitiéndose a argumentos vertidos en dictámenes anteriores en otras incidencias planteadas por la defensa (ver fs.27). Es así que deberá actualizarse la información al respecto, agregándose los informes que resulten pertinentes de cara a sustentar la postura del MPF, de sostener éste la necesidad de la prisión cautelar”.

“Es así ya que el dictamen arriba citado resulta insuficiente conforme a la normativa actual (art. 210 del CPPN) teniendo en consideración el carácter excepcional de la medida restrictiva la que debe basarse en datos contundentes y vigentes”, agregaron.

El tribunal dijo que no olvidó “que el principio de excepcionalidad requiere que medidas como la debatida en autos sólo deben decretarse cuando resulten indispensables para asegurar la realización de los fines del procedimiento”, a la vez que “el principio de proporcionalidad  exige que la restricción dispuesta esté en relación proporcional con la gravedad del hecho que se investiga, siendo que la regla general está constituida por la aplicación de las medidas cautelares personales menos intensas para la libertad del imputado”.

“Por todo ello, entendemos que, cuanto menos, debe analizarse el pedimento efectuado por la defensa en el sentido indicado, máxime considerando el tiempo que el encartado lleva en detención preventiva y la tendencia de escalonamiento coercitivo prevista en el compendio normativo citado, lo que deberá realizarse en la anterior instancia por elemental garantía del doble conforme, ya que –reiteramos- la Resolución dictada no ha evaluado los tópicos de mención”, señalaron.

“Por todo lo expuesto corresponde dejar sin efecto lo resuelto en la anterior instancia y disponer el reenvío de las presentes actuaciones a efectos de un nuevo análisis de las cuestiones planteadas conforme los parámetros vertidos en la normativa vigente, debiendo dictar la Jueza instructora una resolución con sustento en la misma, con la mayor celeridad atento a la naturaleza de la cuestión debatida”, añadieron.

Cabe recordar que Lugo está imputado en esta causa por lavado de activos agravado por habitualidad y ser miembros de una banda. Es la misma en la que también está implicado Horacio Rey.

 

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