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La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco participó en Buenos Aires de la asamblea extraordinaria de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM).

La jornada se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 6 y 7 de diciembre, y asistieron también los representantes de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán.

Gustavo Serrano, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Chaco, destacó la mención, en el documento final, de los reclamos de la provincia. En el documento la FAM expresó el apoyo a la asociación provincial "en su permanente reclamo ante la falta de pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la acción de amparo iniciada por magistrados y funcionarios de esa Provincia peticionando actualizaciones salariales, la que se encuentra en estado de resolver por parte del máximo Tribunal desde hace más de cuatro años, impidiendo una solución definitiva en materia de remuneraciones en esa Provincia". Además instaron al respeto a la garantía de una decisión judicial en plazo "razonable".

En el mismo documento generado durante la asamblea, la FAM expresa "su profunda preocupación ante la incertidumbre imperante respecto de la implementación legislativa de impuesto a las ganancias en los Poderes Judiciales Provinciales". Destacaron además que se trabajará en conjunto con la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (JUFEJUS) a fin de "encontrar un canal unificado de interacción". 

"La intangibilidad no es un privilegio de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, sino el basamento indispensable para que la función sea ejercida sin presiones de los poderes políticos o imposiciones del poder económico, garantizando la efectividad de los derechos fundamentales", sentenciaron.

Remarcaron, además que la Constitución Nacional establece que la remuneración de los magistrados no puede ser disminuida por ningún concepto, y que es "un principio que debe primar fortaleciendo la independencia judicial".

"No se concibe una lucha contra la corrupción sin la debida independencia judicial, para evaluar y tomar decisiones oportunas y eficaces sin que otro poder pueda alterar la determinación judicial de sancionar y erradicar este mal endémico", agregaron.

En el documento mencionaron que la "ilegítima afectación que se pretende, compromete el futuro de los cuadros judiciales, desalentando todo empeño en la formación profesional de quienes han elegido dedicarse a la carrera judicial y consagran a ella sus mejores esfuerzos de capacitación".

El documento completo

La Federación Argentina de la Magistratura defiende enfáticamente el principio de intangibilidad de las remuneraciones de quienes desempeñen la función judicial, como un pilar fundamental del sistema republicano de gobierno. Una democracia constitucional necesariamente se sostiene con un Poder Judicial independiente que haga efectivas las garantías del debido proceso y de juez imparcial que la Carta Magna reconoce a todo ciudadano.

En tal sentido, FAM expresa su profunda preocupación ante la incertidumbre imperante respecto de la implementación legislativa de Impuesto a las ganancias en los Poderes Judiciales Provinciales. Se destaca que esta preocupación, compartida con la JUFEJUS, convoca a trabajar en conjunto con esta organización, a fin de encontrar un canal unificado de interacción ante los intentos de afectar los principios enunciados.

La intangibilidad no es un privilegio de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial sino el basamento indispensable para que la función sea ejercida sin presiones de los poderes políticos o imposiciones del poder económico, garantizando la efectividad de los derechos fundamentales. Así lo ha consagrado la Constitución Nacional al establecer que la remuneración de los magistrados no puede ser disminuida por ningún concepto, principio que debe primar fortaleciendo la independencia judicial. No se concibe una lucha contra la corrupción sin la debida independencia judicial, para evaluar y tomar decisiones oportunas y eficaces sin que otro poder pueda alterar la determinación judicial de sancionar y erradicar este mal endémico.

La ilegítima afectación que se pretende, compromete el futuro de los cuadros judiciales, desalentando todo empeño en la formación profesional de quienes han elegido dedicarse a la carrera judicial y consagran a ella sus mejores esfuerzos de capacitación. En nuestro sistema, dicha vocación merece ser defendida con énfasis, preservando la calidad y la profesionalidad de la función, por lo que debe rechazarse toda intencionalidad política destinada a disuadir a magistrados y funcionarios de participar en concursos judiciales, puesto que de concretarse esta situación, se configuraría la paradoja de que asumir un cargo de mayor responsabilidad al que se viene desempeñando, obtendría una remuneración menor a la que viene percibiendo en el que ya ostenta.

En otro orden, debe resaltarse que, una vez más, nos vemos obligados a solicitar moderación y respeto hacia los magistrados y funcionarios de la provincia de Chubut por parte de quienes ejercen los cargos más altos en los Poderes del Estado provincial, toda vez que se reiteran las declaraciones públicas inadecuadas. En esta oportunidad se han hecho consideraciones que responden a estereotipos culturales negativos respecto del rol de la mujer y descalificaciones agraviantes destinadas a jueces y fiscales por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo.

Asimismo, la Federación expresa su apoyo a la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Chaco en su permanente reclamo ante la falta de pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la acción de amparo iniciada por magistrados y funcionarios de esa Provincia peticionando actualizaciones salariales, la que se encuentra en estado de resolver por parte del máximo Tribunal desde hace más de cuatro años, impidiendo una solución definitiva en materia de remuneraciones en esa Provincia. Instamos al respeto a la garantía de una decisión judicial en plazo razonable.

La FAM acompaña al Colegio de Magistrados y Funcionarios de la CABA en el repudio a las descalificaciones infundadas del accionar de los magistrados en casos de repercusión pública.

La Federación expresa su preocupación por la persistente situación de postergación salarial y deterioro de las remuneraciones de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Santa Cruz y la grave afectación al principio de porcentualidad derivada de la recomposición que se otorgara exclusivamente a los empleados judiciales y que sigue sin ser aplicada a los demás estamentos.

Asimismo, acompaña la petición del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Corrientes instando a los poderes políticos provinciales a respetar los porcentajes previstos por las leyes de autarquía del Poder Judicial, asignando las partidas que correspondan sin retaceos presupuestarios, a fin de que no se vea menguada la independencia del Poder Judicial y puedan cumplirse los objetivos institucionales que la sociedad exige.

La Federación rechaza enfáticamente la desnaturalización del remedio constitucional del jurado de enjuiciamiento ocurrido recientemente en la provincia del Neuquén, en donde se suspendió a un Juez de Familia y a un fiscal. El derecho de todo ciudadano a controlar el desempeño de los funcionarios y magistrados judiciales en el cumplimiento de la función no implica necesariamente considerar mal desempeño al accionar de quienes actuaron conforme al mandato de la ley, sin perjuicio de las aberrantes características del hecho sufrido por las víctimas, cuyo único responsable se quitó la vida. Ello lesiona la independencia de los integrantes del Poder Judicial porque condiciona el accionar futuro de los operadores, que ante situaciones similares, actuarán presionados externamente por este tipo de decisiones.

FAM expresa su solidaridad con magistrados y funcionarios de la Provincia de Río Negro afectados por amenazas públicas sufridas con motivo de resoluciones judiciales. Asimismo, se formula una recomendación a las autoridades legislativas de esta Provincia para que se concrete el proyecto de división en salas del Consejo de la Magistratura para permitir el debido proceso en los sistemas disciplinarios y de remoción de magistrados y funcionarios de Río Negro.

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