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La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales dio a conocer una declaración referida a la importancia de la independencia judicial, en el inicio de sus actividades de este año y con motivo de asumir una nueva comisión directiva que regirá los destinos de la entidad, donde se explican las funciones dentro del marco de la justicia y la sociedad.

El documento firmado por el presidente doctor Diego Gabriel Derewicki y el secretario general de la entidad, doctor Adrián Farías, expone en esta primera declaración las propuestas que la entidad, junto a toda su comisión directiva  desarrollará para cumplir los objetivos propuestos. Está redactado en los siguientes términos:

"En un uso corriente se usa la expresión "poder judicial" para referirse a la organización de los tribunales y es en este sentido que la expresión es usada como un poder del Estado encabezado por la Corte Suprema o los Superiores Tribunales de Justicia. Pero, referirse al poder judicial como un órgano del Estado es incurrir en una impropiedad.

En un sentido más correcto debe entenderse que "poder judicial" es la potestad que usa el juez para decidir el caso según el área de su competencia. En consecuencia, cada vez que hablamos de poder judicial estamos usando una abreviación para referirnos a "todos los jueces". Esta reflexión de la doctrina (Atria) es esencial para comprender el valor de la independencia como función del juez, de cada juez, y no de un sector del Estado.

Deviene necesario para la sociedad y especialmente para las personas que esperan se haga justicia en los tribunales -como así también se constituye en un deber inexcusable-, que todos los poderes del Estado y la propia organización judicial den soporte al "poder individual del juez", porque  es el único depositario del atributo jurisdiccional para resolver los conflictos de intereses haciendo cumplir los derechos fundamentales; por lo que resulta sumamente trascendente que cada juez pueda decidir en forma imparcial en un contexto real del juego de intereses.

Será una garantía para los ciudadanos que se maximice la capacidad de cada uno de los jueces y del Ministerio Público para atender sus casos. La independencia de los jueces es la principal garantía que los constituyentes han diseñado para fortalecer la imparcialidad y debe ser de esencial cumpl

imiento en nuestro sistema democrático. Es por ello que debe preservarse, defenderse y fortalecerse para que en la oportunidad que esté en disputa la defensa de un patrimonio, de la vida, de la libertad o la dignidad de las personas (entre tantos otros derechos en conflictos) se tenga la tranquilidad de que el magistrado asumirá el rol profesional sin presión de ninguna estructura de poder o de fuertes intereses.

Es por ello que la propia la garantía de la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces constituye una exigencia institucional destinada al adecuado cumplimiento de la función judicial y, no se trata de una herramienta que tiene como destinatarias finales a las personas que ejercen la magistratura, sino a todos los habitantes de la Nación, a quienes debe asegurárseles un servicio de justicia imparcial e independencia, propio de un sistema republicano de gobierno. No existirá incentivo ni una justicia seria, profesional e imparcial si quien tiene que resolver conflictos de intereses de toda una sociedad no puede vivir dignamente.

Es dable remarcar que el objetivo inmediato de la independencia es permitir el imperio de la ley y su aplicación de manera imparcial a los casos concretos. La defensa de la Constitución es el segundo objetivo normativo de la independencia judicial. También, en el plano normativo, pero en un sentido más mediato, se ha afirmado que la independencia judicial permite una mejor garantía de los derechos humanos (Burgos Silva, Germán).

Por lo expuesto, procuramos una mejora en las condiciones institucionales y una mayor profesionalización para que impacte positivamente en el nivel de independencia del poder judicial. Entre esas condiciones u objetivos se encuentran: la inamovilidad de los jueces y funcionarios en sus cargos mientras dure su buena conducta, la autarquía presupuestaria, regímenes de enjuiciamiento y/o disciplinarios fundados legalmente y aplicados garantizando la transparencia, el derecho de defensa y el debido proceso por un órgano independiente e imparcial instancias. La instauración y desarrollos de la carrera judicial, que permite el ingreso y ascenso al margen de los partidos políticos, y con el objetivo de mejorar el proceso de formación y selección de los magistrados y funcionarios judiciales con base en méritos profesionales, desarrollando las habilidades y competencias necesarias para el desempeño eficiente y eficaz del servicio de Justicia. Un sistema de selección de jueces con base en criterios objetivo, idoneidad profesional y con ausencia de arbitrariedades. No menos importante es la preservación de la referida intangibilidad de las remuneraciones de jueces y funcionarios, mediante un mecanismo automático que no dependa de la discrecionalidad de los otros poderes del Estado.

Asimismo, el establecimiento de estándares de conductas que contribuyan a logar la excelencia, a través de la adopción de deberes que se derivan de la ética judicial plasmados en un cuerpo normativo, para que contribuya a legitimar la actividad judicial frente a la sociedad y recuperar la confianza de la ciudadanía en la justicia.

Tales condiciones se encuentran en el objeto social de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco y es nuestra misión adoptar las acciones necesarias para su efectiva concreción, en el entendimiento de que los miembros de la judicatura que forman parte de la misma deben ser los mejores defensores de la independencia judicial, no porque constituya un privilegio para los mismos, sino por altos fines a los que sirve la misma".

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