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El Superior Tribunal de Justicia del Chaco resolvió, mediante la resolución N° 274/19 del 13 de marzo, acusar a la jueza de garantías N° 1 de Resistencia, María de las Mercedes Pereyra, y encomendó al procurador general Jorge Canteros su formalización ante el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco. 

 En los fundamentos resaltaron que  la magistrada “ha incurrido, en forma insistente, en graves irregularidades procesales, que motivaron la anulación de sus decisiones por parte de la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional de la Provincia” en diversas causas tramitadas en su juzgado.

“Dada su arbitrariedad, revela un designio permanente de violar normas, configurando ello un patrón de conducta, indicios ciertos de mal desempeño que dañan de modo grave e irreparable la buena imagen del Poder Judicial ante la sociedad y tiñen de sospecha de que sus decisiones pueden ser encuadradas en actos reiterados de parcialidad manifiesta”, detallaron.

También señala que, “ha incurrido en abusos de poder, excediendo sus facultades en detrimento del principio de imparcialidad y objetividad, invadiendo las funciones propias de los Sres. Fiscales de Investigación”

 En estos casos, aun cuando se trata de cuestiones concernientes a determinados contenidos de resoluciones judiciales intermedias y no definitivas de los procesos penales, sí tienen suficiente peso y entidad para realizar la acusación de Enjuiciamiento de la magistrada y precisamente en estos casos éstas causales habilitan el pedido de jury.

Finalmente la resolución destacada que el Superior Tribunal de Justicia es el órgano máximo de la justicia provincial investido en el orden jurisdiccional de las facultades definidas en los artículos 161 y 162 de la Carta Local que pautan los supuestos en que procede conocer de las causas en instancia ordinaria y exclusiva como de aquéllas en grado de apelación, mientras que encontrándose encomendado al mismo la función, como cabeza de poder, de asegurar el adecuado y efectivo servicio de justicia, le está asignado el ejercicio de facultades de superintendencia.

Esta medida fue notificada a la magistrada y se presentó ante el Procurador General quien deberá formalizarla ante el Consejo de la Magistratura.

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