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En la mañana de hoy, la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco, por decreto del Gobernador Domingo Peppo, ha solicitado a la Justicia el permiso de constituirse como parte querellante representación del Poder Ejecutivo de la provincia del Chaco, contra quienes hayan actuado como "autores, cómplices, instigadores, o encubridores" de "la cacería" ocurrida contra mujeres tras la realización del  32° Encuentro Nacional de Mujeres.

Los hechos investigados, ocurrieron el 16 de octubre a las 14 aproximadamente, cuando un grupo de mujeres que se encontraban en inmediaciones de la plaza 25 de Mayo, esperando regresar a sus hogares, sufrieron múltiples agresiones por parte de un grupo organizado de personas. Quienes con palos, piedras y en moto persiguieron y  atacaron a estas mujeres e intentaron obligarlas a retirarse del espacio público.

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La Comisión Organizadora del 32° ENM repudió los actos de violencia contra participantes en la plaza

En este marco, la Secretaría de Derechos Humanos, accionó en forma inmediata, utilizando toda la logística disponible a los fines de resguardar la integridad física de las personas atacadas, al tiempo que se recibió todas las denuncias en las oficinas del organismo.

En el escrito presentado para solicitar la querella, el Organismo informa que a raíz de los sucesos acaecidos, la Policía de la Provincia, a través de la comisaría seccional Segunda Metropolitana, tomó las denuncias correspondientes e inició las actuaciones sumarias a fin de investigar los delitos que se perpetraron. Para la Secretaría de DDHH, se trató de "delitos de odio, orientados a violentar los derechos de las mujeres que se encontraban descansando y llevando adelante un momento de esparcimiento, por la sola condición de haber participado en el XXXII Encuentro Nacional de Mujeres". A esta conclusión se llegó luego de conocerse que la focalización de las agresiones fueron exclusivamente hacia las mujeres que poseían algún distintivo del Encuentro, "reforzado por el contenido de las expresiones verbales amenazantes e injuriantes que trasuntaban un contenido de tipo discriminatorio hacia las reivindicaciones de género".

Por esta razón, "resulta necesario que el Estado Provincial brinde una respuesta adecuada a los fines de asegurar tanto el acceso a la Justicia por parte de las víctimas, como la adecuada sanción y el deslinde de responsabilidades sobre quienes fueron instigadores, autores y partícipes de los mismos".

Finalmente, la Secretaría de DDHH, solicitó a la Justicia que "los hechos denunciados en sede administrativa y la actuación policial preventiva se encuadre la presente Investigación Penal Preparatoria bajo la calificación legal de los delitos de lesiones leves, amenazas e intimidación pública, las primeras de ellas agravadas por el contexto de violencia de género"

 

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