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El secretario del Consejo de Abogados de Resistencia emitió un comunicado en repudio a las manifestaciones que alcanzaron a dicha profesión:

"El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco, expresa su preocupación y rechazo a las manifestaciones que públicamente se han emitido  en contra de la actividad profesional de los abogados que ejercen la defensa de los trabajadores y de los jueces de ese Fuero, así como también en relación a la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia local, declarando la inconstitucionalidad de la normativa de emergencia sancionada anteriormente."

"En ambos casos se tratan de expresiones desafortunadas, teñidas de una inocultable falacia, que consiste en emitir como una regla conclusiva, lo que no pasa de ser una apreciación personal, un juicio de valor o una unilateral visión aportada desde la parte afectada negativamente por aquello que se critica, siendo en cualquier caso inadmisible cuando quien las emite es un funcionario público, miembro de un Poder del Estado que debe imponer en sus opiniones el respeto por el elemental principio de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial."

"Rechazamos esta actitud de intolerancia con las propias reglas del sistema constitucional que nos rige, en tanto que no es posible asimilar como sana crítica u opinión constructiva, lo que en verdad se enuncia y difunde como difamación hacia quienes realizan su trabajo profesional o cumplen su función jurisdiccional, por la simple razón de que las decisiones adoptadas por los jueces no conforman a los difamadores."

"La crítica hacia las decisiones judiciales y al trabajo profesional que llevamos adelante los abogados en los procesos que permiten arribar a ellas, debe ser abordado desde la argumentación jurídica y canalizada a través de los medios procesales que sobradamente prevé el tuitivo sistema procesal vigente, que por su parte impide siempre imponer una sola opinión como solución final de un conflicto."

"Al contrario de las opiniones que refutamos, el proceso judicial tiene una vasta legitimación democrática que se asienta en las estrictas reglas participativas de todos los potenciales afectados o interesados en un conflicto y que cierran toda posibilidad de exclusión, silencio o no participación de los interesados, razón por la que en algunos casos hasta supera en contenido sustancial y en abastecimiento del ideal deliberativo, a las decisiones adoptadas por simple mayoría por los poderes políticos que piensan que agotan la legitimación democrática y que pueden muchas veces ni siquiera tomar en cuenta la opinión o el interés de sus futuros destinatarios."

"Reivindicamos por nuestra parte  el rol que desempeñan los abogados que asumen la defensa de los derechos de los particulares y que deben soportar una larga lucha para obtener el reconocimiento de los bienes que hacen a la más básica dignidad de las personas, como lo son el salario digno y la protección del trabajo."

"De igual manera no podemos dejar de mencionar la nociva afectación a la independencia del Poder Judicial y al propio derecho de trabajar de los abogados que representamos, que provoca la actual huelga que semanalmente convocan diversas asociaciones sindicales de trabajadores judiciales y que causa sin más, la paralización del servicio de justicia."

"Así como decimos que la crítica a los operadores del sistema judicial, jueces y abogados, importa un avasallamiento indeseable de la imprescindible independencia del Poder Judicial, pilar que asegura la imparcialidad y corrección de sus decisiones, así también podemos señalar que la huelga que paraliza el servicio de justicia ante el absoluto silencio de las autoridades que deben dar respuesta a estos reclamos, significa una severa y masiva restricción del derecho de acceso a la justicia de los chaqueños que nos priva de la máxima garantía que reconoce un Estado de Derecho y que es la posibilidad de acudir al Poder Judicial para reclamar o pretender el resguardo de nuestros derechos."

"Aunque parezcan disímiles, estas situaciones de la crítica a los operadores del sistema judicial y el mantenimiento prolongado de un conflicto laboral sin respuesta de la patronal, representan signos equivalentes de degradación institucional, de déficit del sistema constitucional y de reducción de las garantías democráticas para las personas."

"Por nuestra parte, aspiramos a que el compromiso con el reconocimiento y la vigencia de los derechos fundamentales y humanos de las personas sea un acervo común indisputable, que reúna un consenso irreversible, al punto de que ya no discutamos más acerca de los incumplimientos o las emergencias que los restringen o reducen, sino de cómo ampliarlos y extenderlos igualitariamente", finalizaron.

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