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La Secretaría de Derechos Humanos será querellante en el juicio que inicia este viernes a las 9 en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, por homicidios, torturas y encubrimiento de pequeños productores organizados para defender sus tierras y dirigentes de Ligas Agrarias.

El asesor legal Paulo Pereyra expresó “es muy importante porque se van a juzgar los crímenes de lesa humanidad, cometidos contra la organización sindical de pequeños productores contra el monopolio de algodoneros en Chaco, fue un plan del exterminio sistemático que hubo en la Argentina. Es la primera vez que se va a juzgar en la región, este tipo de dinámica criminal de persecución, hostigamiento, tortura, desaparición y homicidios agravados contra quienes estaban organizados para defender sus tierras y su trabajo”.

Los hechos habrían ocurrido en Villa Ángela, Sáenz Peña, Corzuela y Villa Berthet. “La persecución se dio contra muchos de los compañeros y compañeras perseguidos, tanto montoneros como PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) fueron a refugiarse en lugares inhóspitos. A partir de allí, se daba la búsqueda y el exterminio de aquellos que eran perseguidos por las fuerzas militares y policiales”, expresó la secretaria de Derechos Humanos del Chaco, Celeste Segovia.

Luego detalló que los imputados principales son el exteniente coronel del Ejército José Tadeo Betolli, “un personaje conocido por todos los sectores de derechos humanos y sobre todo por las víctimas, aparece en todos los centros clandestinos de detención como en las unidades de búsquedas y persecución a los compañeros y compañeras de aquella época. Se lo imputa de homicidio agravado.

También el excomisario José Francisco Rodríguez Valiente, “conocido por ser el oficial sumariante encargado de darle el marco de legalidad a través de los sumarios policiales de todo el plan sistemático de tortura, desaparición y homicidios. Es juzgado por el encubrimiento de poder”.

Otro que deberá comparecer es el excomisario general Eduardo Wischnivetzky que “era el jefe de la patota del interior, que se encargaba de hacer la coordinación de inteligencia militar con la policía provincial y dar el brazo logístico del interior para perseguir a los pequeños productores. Está siendo juzgado por la privación ilegal agravada de la libertad de los hermanos Britez”, explicó Pereyra.

“En el caso de Wischnivetzky, la Secretaría de Derechos Humanos fue presentando reincidentes de prisión domiciliaria pidiendo que se revoque, teniendo en cuenta que esta persona se paseaba por la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, y esto consta en los registros electrónicos”, aseguró el letrado. Luego agregó que “salió sin la autorización del Tribunal” y aseguró que “lo expresamos por escrito, y justamente esto va a provocar audiencias orales para sostener la postura de la Secretaría que es que se revoque la prisión domiciliaria”.

El rol y el coraje de las mujeres

Finalmente, Segovia destacó que “van a declarar aproximadamente diez testigos. Están fijadas para la semana que viene tres mujeres, militantes de Ligas Agrarias. Las mujeres militantes que llevaron adelante las denuncias, luego de los hechos sufridos por sus seres queridos en plena dictadura militar con mucha valentía. Esta es la prueba vital que tenemos, gracias a estas mujeres perseguidas políticas, tenemos las pruebas fundamentales para sostener la acusación contra estos genocidas”.

“Se fue diciendo en los alegatos de la causa de Caballero I, II y Margarita Belén la conexidad obvia y lógica que hay de un plan sistemático que salía de una casa macabra contra los militantes. Se buscó tanto a los militantes montoneros, del PRT y Ligas Agrarias porque querían otro modelo de Estado, Nación y de patria que iba totalmente en contra de los intereses económicos y sociales que tenía el plan de la dictadura cívico militar”, finalizó la funcionaria.

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