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El proceso de selección del personal de planta permanente de la Municipalidad de Resistencia fue el tema de la semana a raíz de la presentación judicial que realizó el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido.

En ese contexto, el ombudsman decidió explicar en un comunicado a la ciudadanía la legislación vigente en la que se basa su cuestionamiento al “modus operandi” que se utilizó en la comuna de la capital provincial: “Se ha violado todas las formas y procedimientos que la Constitución de la Provincia y la Carta Orgánica municipal establecen para realizarlo”, destacó.

Sería bueno preguntarle a Ayala si era necesario designar más 700 agentes de planta a tan solo un par de meses de finalizar su gestión

En ese marco, Corregido aclaró que los funcionarios municipales y gremialistas “faltan a la verdad cuando argumentan que el intendente tiene facultad para designar personal de planta a su antojo ya que la legislación vigente expresamente establece que tendrá tales facultades conforme los principios de la Carta Orgánica expresados en los artículos 159 y 180, que entre otras cuestiones apuntan a que 'el estatuto del personal municipal regulará el funcionamiento de la administración municipal, contendrá los derechos y obligaciones del personal, y en especial deberá prever: (…) el ingreso mediante concurso público y abierto de antecedentes y oposiciones; promociones mediante concurso público de antecedentes y oposiciones; en ambos casos asegurando la igualdad de oportunidades'”.

¿QUÉ DICE LA CARTA ORGANICA?

“Articulo 159.- Atribuciones y deberes. El Intendente es el mandatario legal del Municipio y jefe de la Administración Municipal, con las siguientes atribuciones y deberes:  1.convocar a elecciones;  2.nombrar, promover y remover a los funcionarios y agentes de la administración a su cargo, conforme a los principios de esta Carta Orgánica y las ordenanzas que en su  consecuencia se dicten, respetando la carrera administrativa y con sujeción a las normas sobre estabilidad; llevar un registro del personal del Municipio”.

“Artículo 180.- El estatuto del personal municipal regulará el funcionamiento de la administración municipal, contendrá los derechos y obligaciones del personal, y en especial deberá prever: 1. estabilidad, conforme al artículo anterior; 2. Ingreso mediante concurso público y abierto de antecedentes y oposiciones; promociones mediante concurso público de antecedentes y oposiciones; en ambos casos asegurando la igualdad de oportunidades”.

Los cuestionamientos directos

En ese contexto, Corregido critica que la cuestionada Resolución 1.835 firmada por la intendente Aida Ayala, “nada dice sobre concursos” y revela que la funcionaria tan solo establece en los considerandos del documento las siguientes argumentaciones: “Que resultó procedente adecuar la implementación del mencionado (pase a planta), en concordancia con el constante y regular crecimiento de la población, en virtud del progreso, desarrollo y transformación que ello implica”. A eso agrega “que este inminente progreso, el municipio como legítimo organismo del gobierno local, es responsable en primera instancia de las funciones vitales que propicie el emprendimiento de los cambios que demanda la comunidad (…)”. A la vez dice “Que dentro dicho contexto, resulta necesario promover estrategias y mecanismos que garanticen una adecuada prestación de los servicios de competencia municipal, para el cubrimiento de las necesidades básicas de la población (…)”; “que en virtud de lo expuesto, resulta atinente establecer la incorporación a la planta permanente municipal del personal que se encuentran en las situaciones de revista ut supra individualizadas” y finalmente suma que “el articulo 159) de la Carta Orgánica Municipal, otorga facultades suficientes para el dictado de la presente (…)”.

Basado en esas manifestaciones expresas en la resolución, Corregido dice que “sería bueno preguntarle a la mandataria comunal, si era necesario designar más 700 agentes de planta a tan solo un par de meses de finalizar su gestión”. En esa línea se pregunta si“¿Era necesario comprometer el presupuesto municipal con cientos de millones de pesos y privarle a los ciudadanos de Resistencia  la posibilidad de que ese dinero se invierta en recolección de residuos, limpieza de la ciudad, iluminación, seguridad ciudadana y  otros rubros necesarios para la capital?”.

El ombudsman también cuestiona que la intendente haya “vedado la posibilidad de miles de resistencianos de acceder a un  empleo público como establece el Articulo 69 de la Constitucion de la Provincia del Chaco”. El mencionado artículo expresa: “La administración pública debe estar dirigida a satisfacer las necesidades de la comunidad con eficiencia, eficacia, economicidad y oportunidad. Todos los habitantes de la Provincia son admisibles en los empleos públicos sin más requisito que la idoneidad y preferente domicilio real en la misma. La ley propenderá a asegurar a todo empleado de la administración pública un régimen jurídico básico y escalafón único. Para los extranjeros, no habrá otras limitaciones que las establecidas en esta Constitución”.

Los grandes ausentes

Siguiendo esos lineamientos, Corregido también cuestiona “por qué se ha dejado de lado a las personas con capacidades diferentes que también gozan del derecho a acceder a un  empleo público máxime cuando la misma carta Municipal establece  en su Art. 47 que: ‘El municipio, en coordinación con otros organismos de similar competencia, garantiza a las personas con discapacidades el derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades’ e indica en ese mismo artículo que el organismo comunal ‘asegurará un porcentaje para el acceso a la administración municipal para las personas con discapacidades, con incorporación gradual, en la forma que la ordenanza respectiva establezca’”, resaltó.

En relación a esto, Corregido expresa que “la señora intendente ha actuado en franca violación de leyes fundamentales en desmedro de los ciudadanos de Resistencia, de los trabajadores municipales (comprendidos estos dentro de la categoría ciudadanos), como así también discriminando a las personas con capacidades diferentes, designado directamente personal de planta a discreción y arbitrio de la mandataria”.

“Si bien la jefa comunal posee determinadas facultades, las mismas no son discrecionales sino regladas, lo que implica que su accionar debe ser sujetado a las leyes, Ordenanzas y reglamentos que regulen el ingreso de personas a la planta permanente de la administración municipal y la modificación de estructuras”, puntualizó. 

La jurisprudencia

A esto se suma los antecedentes judiciales sobre el tema, respecto a lo que el ombudsman dice: “Debo señalar que esta cuestión ya fue debatida en los tribunales de la Provincia  cuando un abogado del municipio interpuso una acción de amparo contra la Municipalidad, cuestión deliberada por la Sala  Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo , que ha ordenado al órgano comunal que convoque a un concurso para cubrir los cargos vacantes y esa  decisión fue confirmada mediante la sentencia Nº 407   del Superior Tribunal de Justicia, del EXPTE. Nº 3913/10 caratulado: LEONELLI FERNANDO CARLOS MARÍA C/ MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA; por lo que los funcionarios municipales tenían pleno conocimiento de que no podían designar de planta sin concurso”.

Respecto a la resolución N° 2475/15 del municipio que fue sancionada tres días luego de las elecciones provinciales y municipales, Corregido apunta a que lo hicieron “cuando supieron que no continuarán y decidieron ampliar la nómina de la resolución anterior e incorporar más de 200 agentes”. “Les han creado  expectativas falsas a los agentes ya que los funcionarios saben que no podrán cobrar a tiempo.  Deben cuestionar a esos mismos funcionarios por qué no fueron regularizados anteriormente y los tuvieron año tras año  en carácter precario y al finalizar la gestión de 12 años deciden pasarlos a planta, ilusionando a esas familias con una estabilidad imposible de sostener”, remarca.

Es así que el defensor sostiene que con estas resoluciones “no solo se ha comprometido el presupuesto del Municipio haciéndoles pagar a todos los ciudadanos el costo de ello, sino que se han vulnerado garantías  esenciales de nuestra Constitución y de la Carta Orgánica”. Sobre esta última indica que “las cartas orgánicas son esas normas fundamentales que estructuran la vida comunitaria y el gobierno de ella, exponiendo los lineamientos básicos que traducen, en términos jurídicos, lo que la sociedad quiere y pretende de su gobierno local y de la convivencia social”, detalló.

El ingreso en otros ámbitos

Finalmente Corregido también se refirió en esta oportunidad al ingreso a planta permanente del Poder Ejecutivo Provincial y dijo que “según el análisis efectuados por los asesores legales de la Defensoría del Pueblo, a nivel provincial en el proceso de regularización laboral se estableció para el ingreso a planta permanente el concurso de antecedentes para todas las personas que estén vinculadas al estado al 31 de julio de 2010.

Para el caso de personas con modalidades de Becas y/o Jornalizados, se estableció un concurso de antecedentes y oposición”.

“A partir de la ley 6655, se determinó que todos los ingresos se deben hacer por concurso de antecedentes y oposición. El caso de las empresas del Estado como Sameep, se rigen por la ley de Contrato de Trabajo, por lo que están excluidos del estatuto del empleado público, siendo facultades de los directorios de cada empresa”, reveló.

Por otro lado marcó que “en el caso de los municipios que no poseen Carta Orgánica, es decir que se regulan por la ley orgánica de Municipios, dicha normativa en su artículo 104, 105 y 106, determina que esos organismos comunales deben reglamentar los tribunales administrativos y el ingreso por concurso y prueba de suficiencia. Hasta tanto no se regule el ingreso de personal, el mismo se regirá por leyes y reglamentos vigentes para el personal de la administración pública provincial”.

A esto se suma que “los exintegrantes del consejo o exintendentes no pueden ser designados en planta permanente hasta dos años de cesado en su cargo”.

Además especificó que “el estatuto del empleado público, al cual se deben remitir los municipios que no tengan reglamentado el ingreso, establece que el ingreso de los agentes de planta permanente se efectuará previo concurso abierto de antecedentes y oposición en el nivel inferior en el agrupamiento escalafonario que corresponda.  La ley 6.655, dictada con posterioridad dice que los ingresos se hacen solo mediante concurso abierto de antecedentes y oposición”.

 

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