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El defensor del Pueblo de Chaco, Gustavo Corregido, presentó un pedido de informe al Municipio de Resistencia solicitando información sobre la renegociación con la empresa de recolección de residuos Pimp SA, cuestionada por su contratación durante la gestión de Aída Ayala. El ombudsman planteó ante la anterior gestión comunal acciones judiciales pidiendo la nulidad del contrato y ahora requiere una revisión de la renovación que avaló el actual intendente, Jorge Capitanich.

A través de una actuación simple, Corregido solicita que se informe sobre el contenido y alcance de la renegociación del contrato de concesión de retiro, traslado y disposición final de residuos sólidos no tradicionales, realizado Pimo SA que fue objeto de acciones judiciales promovidas, las cuales están en trámite.

Por otro lado, “considerando la gran cantidad de minibasurales verificados en el ámbito de la ciudad”, pide que también se informe sobre las políticas que se hallan en curso “a efectos de su erradicación conforme el problema ambiental y sanitario que padece la capital”.

Además el defensor solicita conocer las acciones impulsadas sobre el basural a cielo abierto ubicado en el paraje María Sara donde el Municipio realiza actualmente la disposición de residuos sólidos urbanos. El objetivo es conocer si se tomaron las medidas necesarias para la adecuación a las normas ambientales y de resguardo de la salud de la población, así como del cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad e higiene laboral de las personas que informalmente seleccionan residuos para su posterior venta en dicho predio.

Los antecedentes

Corregido presentó el pedido de informe al tomar conocimiento a través de los medios de la renegociación. En el documento dirigido a las nuevas autoridades del municipio, el ombudsman explica en relación a PIMP S.A. que en las acciones judiciales que se hallan en trámite, la Defensoría del Pueblo ha planteado la nulidad del contrato de concesión realizado por la gestión Municipal a cargo de la Ing. Aida Beatriz Ayala con dicha empresa.

Estas cuestiones se hayan expresadas en los expedientes, “Gustavo Adolfo Corregido s/ Acción de Amparo” Expte. N° 14799/2015-1, y “Gustavo Adolfo Corregido s/ Medida Cautelar de No Innovar” Expte. N° 14800/2015-1 en trámite por ante Juzgado de Garantías N° 1 de Resistencia, a cargo de la juez María de las Mercedes Pereyra.

Al igual que en las anteriores presentaciones relacionadas con este tema, Corregido insiste en que “tratándose de la concesión de un servicio público, se debe analizar el caso y verificar si es necesaria una audiencia pública para el tratamiento del Plan Integral de Residuos Sólidos Urbanos, como así también el llamado a licitación”.

“Recordemos que el municipio es un administrador de los bienes públicos locales que pertenecen a los ciudadanos que integran la comunidad y ante un servicio con un contrato de esta envergadura, la sociedad debe acceso y participación en los detalles de la contratación”, concluyó.

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