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El pasado martes, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia resolvió no hacer lugar al recurso de apelación que presentó la defensa técnica de la diputada nacional Aída Ayala en la casa en la que se investiga por presunto fraude a la administración pública cuando cumplía funciones en Nación.

La confirmación del procesamiento se da a más de 11 meses de lo resuelto por la Jueza Federal Zunilda Niremperger que también había ordenado trabar un embargo en sus bienes de $1.000.000.

El fallo que lleva las firmas de las juezas María Delfina Denogens y Rocío Alcalá también desistió los recursos de apelación interpuestos por la defensa de suscolaboradores Matías Balmaceda Paiva y del empresario Claudio Tolosa.

Una de las consideraciones del fallo marca que: “No es tarea de este Tribunal reiterar todas las probanzas y las conclusiones de ellas derivadas que citara la Juzgadora, menos aun teniendo en consideración que –como se dijo­- se advierten agregadas pruebas consideradas como parte integrante de la resolución atacada que acreditan la intervención de Ayala como Secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, en el otorgamiento de subsidios a la Municipalidad de la ciudad de Quitilipi (Chaco), direccionando la contrataciones ­a través de su yerno Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte­ para la adquisición irregular de determinados bienes en el establecimiento perteneciente a Claudio Alejandro Tolosa (Service Hogar), a través de la compra directa y pago de sobreprecios, sin que se verifique la correspondiente rendición de cuentas, dada la sustracción de documentación pertinente”.

“Entendemos que la intervención de la imputada en el ilícito se halla corroborada”, señala el fallo de lacausa que inició en abril de 2018 a partir de una carta anónima dirigida al fiscal federal Patricio Sabadini sobre una supuesta contratación irregular entre la Municipalidad de Quitilipi y la Cooperativa Las Palmeras LTDA y otra operación sospechosa con la firma SERVICE HOGAR, propiedad de Claudio Alejandro Tolosa, también procesado en la causa.

La denuncia original también hacía mención a un convenio firmado entre ese municipio y la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación, en ese entonces a cargo de Ayala. En esa maniobra habrían intervenido el yerno de Ayala, Matías Balmaceda Paiva, y Miguel Ángel Vilte, ambos también procesados como partícipes necesarios.

Para la Justicia, la transferencia de esos fondos fue irregular. “Las arcas del Estado Nacional se habrían visto notablemente perjudicadas mediante la disposición de fondos en favor de la Municipalidad de Quitilipi para la adquisición de herramientas de trabajo, cuyo modo de aplicación exterioriza alarmantes indicios que sugieren la existencia de sobreprecios junto con la elusión del régimen de contratación local previsto para el caso”, dice el fallo del 30 de diciembre firmado por Niremperger.

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