Ampliar
Videos, audios o fotos con info al 362 4780238

Luego de que la Justicia Federal dictara el procesamiento con prisión preventiva y el embargo por $200 millones, la exintendente de Resistencia, Aida Ayala, se presentó en el Juzgado Federal este viernes a la mañana para conocer su situación procesal en el marco de la causa conocida como Lavado II en la que se investiga el presunto lavado de activos en la administración municipal, entre otros delitos.

“Me anoticié sobre la eximición de prisión al día siguiente que me dieron el alta. Para mí fue una gran satisfacción porque restauraron mi derecho. Yo quiero que me sigan investigando porque estoy a derecho como lo estuve siempre y eso es lo que hizo la Cámara”, señaló la diputada nacional a la salida del Juzgado.

Además, indicó que “voy a aportar todas las pruebas que sean necesarias. Soy inocente, no tengo ninguna banda. Cada uno de los empresarios que trabajaron y que siguen trabajando con la Municipalidad no tienen relación contractual conmigo y la jueza simplemente se equivocó al pedir mi detención para ser indagada”.

Ayala insistió en que “esta es una persecución política, es un ensañamiento político. Yo expongo directamente con ejemplos concretos. Nosotros hicimos en el 2014 un llamado a licitación para alquilar 21 camiones y 100 contenedores. Esta contratación no fue objetada por el Tribunal de Cuentas y cada gestión mía fue aprobada por el Tribunal. Cada una de estas acciones fueron avaladas por Capitanich y siguen con el mismo contrato, siguen en renegociación, ¿entonces cuál es el delito? ¿Estuvo bien hecho? Sí. Paralelamente hoy Capitanich hace otro llamado a licitación”.

Al respecto, manifestó que “tiene tres características iguales y al fiscal no le llama la atención. Una es que es una sola oferente igual que Pimp; otra es que el equipamiento recién lo tiene que presentar la empresa a los 12 o 6 meses, es decir que no tenía equipamiento al inicio; y otra es que trasciende la gestión, es un contrato a diez años más cinco años y es para disposición final para una playa de transferencia intermedia que aún no está hecha y se paga $5 millones por mes. ¿Es correcto? Sí, a mí no me llama la atención. Pero qué raro que al fiscal le llame la atención lo que hice yo y no le llama la atención esto que es igual que hace Capitanich. Creo que no conoce, que no estudia”.

“Lo que yo hoy estoy celebrando realmente es esta decisión que ha tomado la Cámara porque yo creo en la Justicia, pero en una Justicia objetiva que nos dé la posibilidad a todos y que un acto de indagatoria no sea un acto de incriminación como lo fue éste”, precisó la exintendente y agregó: “Creo que estuvo mal hecho. Lo que ahora vengo a notificarme es ese procesamiento y lo voy a apelar, voy a demostrar a cada uno de los sectores de la sociedad mi inocencia, la gente me conoce”.

“Voy a seguir luchando, voy a seguir apostando a esta Justicia independiente, a estos camaristas probos y voy a seguir hasta lo último porque el pueblo necesita saber la verdad. Voy a demostrar simplemente que no tengo ninguna banda, que no soy rica lícita ni ilícitamente. Mi patrimonio está, tienen mi perfil, ¿cómo van a pedir mi detención? Yo no soy rica, tengo una casa y un auto y no soy jefa de ninguna banda”, concluyó la diputada.

 

El fallo

De acuerdo al fallo, el procesamiento y el embargo fueron resueltos por el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger, quien además dictaminó la misma medida para el secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Jacinto Sampayo, y para los empresarios vinculados a la firma Pimp SA, Alejandro Fischer, Carlos Huidobro y Pedro Alberto Martínez, quien fue embargado por $250 millones.

Este fallo también dictó la prisión preventiva para Rolando Javier Acuña y Fátima Jesica Rigassio, así como para Patricia Vázquez, cuñada del actual ministro de Hacienda, Cristian Ocampo, quien fue detenida el lunes al mediodía en el marco de la investigación que lleva adelante la Físcalía federal de Resistencia a cargo de Patricio Sabadini.

La diputada nacional y el líder sindical son considerados “responsables del delito de asociación ilícita en calidad de coautor, en concurso real con negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, todo ello en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público”.

Asimismo, el lunes la Justicia dictó el embargo de los bienes de las empresas Tecmasa SA, Pimp SA, Crisol Nordeste SA, Coyrel SA, SFH Construcciones, Inversora Nacris SA, Logística Belgrano, Recifis SRL, Cooperativa Omega Visión Ltda., e Ingeco SRL, Dafsa SA, RyA Construcciones, Coop. Las Palmeras Ltda., Cooperativa El Ciudadano Ltda., IAM Construcción SA, y Crearco SA, hasta cubrir la suma de $800 millones. Además de la inhibición general de bienes de todos los procesados y de las empresas vinculadas a los mismos.

Leer más...