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Finalmente luego de algunos días de silencio, abogados del foro local de Resistencia se manifestaron a través de un comunciado oficial, por la decisión del municipio capitalino de cesar su vínculo con el Estado municipal para administrar causas judiciales contra deudores.

El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco manifiesta su disconformidad con el tratamiento público que se ha dado a la noticia relativa al supuesto cambio en el sistema de percepción de los Tributos en Mora, por parte del Municipio de la Ciudad de Resistencia, que se ha formulado en términos que Menoscaban y Tergiversan el Trabajo Profesional que realizan por propio mandato de la autoridad pública municipal los Abogados Externos que hasta la fecha son contratados y designados por el mismo Municipio, a fin de realizar una imprescindible, legal e imperativa tarea que consiste en el intento de percepción judicial de los créditos fiscales municipales que no sean voluntariamente pagados por los contribuyentes.

Al respecto es necesario aclarar a la ciudadanía, que los honorarios de los abogados que eventualmente intervengan en la promoción de los juicios destinados a cobrar la deuda por tributos municipales en mora, no es realizada al antojo del profesional ni depende de una decisión administrativa, siendo que se trata de una cuestión que se encuentra regulada expresa y especialmente por la ley arancelaria que determina los montos y la modalidad para retribuir el trabajo profesional de los abogados.

No son entonces los abogados quienes determinan sus propios honorarios, sino que ello surge imperativamente determinado por la Ley Nº 2011 que reglamenta la regulación judicial y extrajudicial de los honorarios de los abogados, correspondiendo que sean los jueces quienes determinen la regulación cuando se ha alcanzado la instancia judicial. De la misma manera debe aclararse que los montos implicados en el juicio, no pueden ser usados para socavar ni perforar el límite mínimo de la regulación de los honorarios que la misma ley Nº 2011 fija, siendo ello consistente y coherente con la mínima consideración debida al trabajo profesional que despliega un abogado, al llevar una cuestión a juicio. Debe mencionarse en tal sentido que cualquier deuda, privada o pública, que no es pagada en tiempo y forma, acumula para su deudor costos que se adicionan al capital y que son trasladados y efectivizados al tiempo de la condena judicial, como gastos realizados para llegar a la realización forzosa del crédito, en resguardo del derecho legítimo del acreedor.

En el caso de los Tributos Municipales ocurre de igual manera, imputándose al contribuyente moroso en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, los costos y costas que se devengan para el acreedor hasta llegar al cobro del crédito fiscal. Pero además debe tenerse presente que la percepción de los tributos municipales, constituye una obligación imperativa que las autoridades municipales no pueden eludir, dado que conforma una fuente de financiamiento de las funciones públicas que provee el Municipio y en vista de que lo contrario implicaría una afectación a la igualdad ante la ley, en relación a los contribuyentes que realizan el esfuerzo particular que implica mantener sus impuestos pagos al día.

Lamentamos y rechazamos desde este Consejo que se intente afectar la honra de los profesionales que realizan un lícito y encomiable trabajo en procura de la realización de los créditos fiscales provenientes de los deudores morosos del Fisco municipal, confundiendo a la ciudadanía respecto de la forma y modo de la regulación de los honorarios profesionales, siendo que cualquier trabajo profesional de un abogado, sea este externo o agente interno del Estado, devengará una consecuente regulación de honorarios que deberá ser soportada por la parte vencida en el juicio. Repudiamos por ello cualquier intento coyuntural de menoscabo hacia la dignidad que como trabajadores merecemos los abogados, siendo nuestros honorarios, regulados o pactados privadamente, la efectivización de la garantía constitucional de retribución justa. El Directorio

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