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Con la visita del presidente Alberto Fernández el gobernador Jorge Capitanich confirmó este martes la urbanización del barrio La Rubita de Resistencia, que demandará una inversión estimada de $4.748.625.321 y que será financiada con parte del aporte solidario de las grandes fortunas.

La implementación del Proyecto integral Sociourbano prevé la apertura de calles, desagües pluviales, iluminación y acceso a la red eléctrica, red de agua y cloacas para 2.363 familias, de las cuales 170 serán beneficiadas también con soluciones habitacionales.

“Esta gran obra permitirá que dos mil familias chaqueñas puedan acceder a infraestructura básica y de conectividad, integrándose a la trama urbana de la ciudad y garantizando el acceso a servicios de manera integral”, indicó la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira.


 

La funcionaria contó que se crearán además áreas verdes para la recreación y el deporte, así como reservas para infraestructura de uso público y comunitario. “Y por supuesto, entregaremos el título de propiedad a cada una de las familias, interviniendo con la mensura y el ordenamiento territorial adecuado”, detalló.

La ejecución del proyecto está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, que de manera articulada con otras jurisdicciones y con la mesa de gestión de La Rubita, llevará a cabo este gran sueño para los vecinos y vecinas de la zona sur de la ciudad de Resistencia.

Iniciando en agosto y con un plazo de ejecución de 20 meses, la primera etapa incluye el desarrollo de los desagües pluviales de todo el barrio; reasentamiento y mejoras habitacionales para 170 familias, apertura de calles y veredas; la conexión a la red de agua potable; y la mensura y regularización de 2.386 parcelas.

En las próximas etapas se continuará con la red de energía eléctrica, equipamiento urbano, la regularización dominial de las familias con la entrega del título de propiedad de su inmueble y el desarrollo de los espacios verdes y de recreación para la vida.

Cabe destacar que el proyecto exige ejecutar al menos el 25% de las obras a través de su adjudicación a cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por vecinos de barrios populares.

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