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La Justicia Federal proceso a los directivos de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), dictó un embargo de 100 millones de pesos y emitió un pedido al Congreso de la Nación para que intervenga la institución.

La resolución del juez de primera instancia de Sáenz Peña, Aldo Alurralde, procesó al titular de la UNCAUS, Omar Judis, por encontrarlo “autor jurídicamente responsable de los hechos imputados y que fueran calificados "prima facie" como encuadrados en la figura negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en diecisiete hechos; abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público; fraude en perjuicio de la Administración Pública reiterada en seis hechos, peculado en cincuenta y nueve hechos y cohecho en tres hechos, todos en concurso real, manteniendo las condiciones de libertad que oportunamente se le concediera”, así lo informó Norte en su edición de este martes.

El juez procesó también al secretario Académico de la universidad, Enzo Judis, por encontrarlo “autor jurídicamente responsable de los hechos imputados y que fueran calificados prima facie como encuadrados en la figura de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones en un hecho; fraude en perjuicio de la Administración Pública en seis hechos y partícipe necesario de peculado reiterado en cincuenta y nueve hechos, todos en concurso real, manteniendo las condiciones de libertad que oportunamente se le concediera”.

Quien le sigue como procesado es el virector, Walter Gustavo López, por encontrarlo “co-autor jurídicamente responsable de los hechos imputados y que fueran calificados prima facie como encuadrados en la figura de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en tres hechos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la Administración Pública reiterada en seis hechos, como asimismo de co-autor de peculado en cincuenta y nueve hechos, todos en concurso real, manteniendo las condiciones de libertad que oportunamente se le concediera”.

Fue procesado también el secretario Administrativo, Luis Sebastián Pugacz, por encontrarlo “coautor jurídicamente responsable de los hechos imputados y que fueran calificados prima facie como encuadrados en la figura de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, co-autor de fraude en perjuicio de la Administración Pública reiterada en seis hechos y co-autor de peculado en cincuenta y nueve hechos todos en concurso real, manteniendo las condiciones de libertad que oportunamente se le concediera”.

El último procesado, Juan Carlos Tymkiw, empresario que sería el único beneficiario de la obras públicas en la universidad, “por encontrarlo co-autor jurídicamente responsable de los hechos imputados y que fueran calificados prima facie como encuadrados en la figura de fraude contra la Administración Pública en seis hechos y por cohecho activo en dos hechos, todos en concurso real, manteniendo las condiciones de libertad que oportunamente se le concediera.

INTERVENCIÓN

Por otra parte, el Juzgado Federal de Sáenz Peña libró un oficio al Senado de la Nación, a la Cámara de Diputados, a la Auditoría General de la Nación, a la Sindicatura General y al Ministerio de Educación a efectos de que “evalúen, en el marco de las atribuciones que les son propias, la pertinencia de adoptar medidas en orden a las Leyes 24156 y 24521, es decir, pidiendo la intervención de la UNCAUS”.

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