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La fiscal Liliana Lupi dio a conocer detalles de la investigación que se inició en su fiscalía tras la denuncia que presentaron alrededor de 20 personas por una supuesta estafa. La denuncia es contra Graciela Aranda, titular del Sindicato de Judiciales del Chaco, Miguel Ramos, dirigente judicial de Sáenz Peña, y Luis Eduardo Vargas, empleado bancario.

La presentación judicial se formuló el pasado 25 de agosto y apenas la fiscal tomó  contacto con el expediente tras una licencia por razones de salud comenzaron a realizarse las primeras diligencias probatorias.

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Tras la denuncia se presentaron Miguel Ramos y Luis Vargas con sus respectivos abogados a través de un escrito, “para estar a derecho designando ambos abogado defensor”, señaló.

Con respecto a Graciela Aranda, dijo la fiscal Liliana Lupi “fue notificada  y tiene que presentarse esta semana para los mismos fines, para la designación de abogado defensor, por ahora”.

Aclaró asimismo que por este hecho “no se ha imputado delito alguno todavía, porque es una investigación reciente, está en sus inicios y vamos a ver primero si hay delito. En caso que lo hubiera, cuál sería y a quiénes atribuir ese delito”.

Respecto a la denuncia que realizaron las personas por supuesta estafa aclaró que “no vincula al fiscal la calificación legal o el encuadre legal que hacen, aun cuando el denunciante sea abogado, eso se determina a través de la prueba y no a ‘prima facie’”.

Pedidos de informe

Respecto los avances en la investigación dijo la fiscal Lupi que “se han pedido diversos informes a Personería Jurídica, al Municipio, a Catastro, al Instituto Provincial de Viviendas, a los bancos, al registro de la propiedad inmueble”. Además informó que están previstas declaraciones testimoniales principalmente de los que denunciaron y de otras personas que a nosotros nos parezca que puedan aportar datos útiles en la investigación.

Explicó la magistrada que “tras el pago de los terrenos, aparentemente no hay mensura, no intervino ningún agrimensor, por lo que estamos esperando los informes oficiales”.

Aclaró que los denunciantes presentaron como documentos los convenios que formalizaron con Ramos en representación del sindicato, se trata de convenios de adjudicación, no son boletos de compraventa. Además presentaron una serie fotocopias de notas, entre otros elementos.

Por último la magistrada dijo que llevará adelante esta investigación. Está avanzando en la misma, para los cual se solicitó un pedido de informe al Superior Tribunal de Justicia, “para ver si la señora Aranda es empleada judicial, aunque esto es de público conocimiento, si es empelada judicial, si está en uso de licencia gremial, lo mismo Ramos, y de igual forma se va a hacer con Vargas”, finalizó.

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