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“Para UPCP fue un año complicado”, afirma José Niz en su análisis “teniendo en cuenta que desde el Ejecutivo no existió la apertura suficiente para generar el espacio de diálogo donde se puedan plantear las distintas problemáticas de los sectores de la administración central, entes autárquicos y descentralizados”. Lo que, según el sindicalista, derivó en distintas etapas de conflicto que persisten hasta la actualidad. 

Citó como ejemplo el ministerio de Salud Pública, donde dijo que si bien hubo cambio de ministro “a raíz de todo ese cumulo de conflictos y faltas de cumplimientos de actos pautados”, reclamó que hasta hoy no tuvieron contacto con el ministro del área para tener las soluciones concretas en materia de “bonificaciones que se adeuda desde hace dos años y que tienen que ver con las 40 horas, la insalubridad”. Y explicó que ante esto UPCP lo hizo fue judicializar las mismas “para garantizar el derecho adquirido por los trabajadores”.

Habló además sobre el refrigerio, contó que se logró que ese concepto se reconociera y se pague, pero que “a la fecha tiene un retraso de dos meses, lo que genera inconvenientes en los trabajadores”.

Sobre pases a planta, Niz dijo que se lograron algunos en el Ministerio de Educación, por ejemplo, pero que sólo “de un mínimo del total de trabajadores que aún siguen precarizados”. Y recordó que hoy se tiene en ese sector una ley vigente que permite que los cargos vacantes se queden para los trabajadores del ministerio y así concretar el blanqueo o regularización de los precarizados del área.

En este punto trajo a discusión la reciente ley nacional de reforma previsional y dijo que modifica el sistema y uno de los parámetros tiene que ver con la edad jubilatoria, llevando la edad a los 70 años “lo que genera perjuicios para los trabajadores y aleja la posibilidad de que puedan acogerse al beneficio jubilatorio, y generar los cargos vacantes para regularizar la situación de las personas que hoy están cumpliendo la función, tienen la carga horaria, pero son precarizados”.

UPCP va a trabajar para presentar la inconstitucionalidad de esta ley nacional 27260 en el Art. 27 donde exige a todas las provincias en un término de cuatro años armonizar, lo que explicó que significa que “de hacerse material ese objetivo caería la enmienda constitucional poniendo a todos los trabajadores a nivel provincial en la misma situación de los de nivel nacional”.

Para cerrar el análisis del 2017, el gremialista afirmó que se avizora un 2018 complicado, “con un Gobernador que no posibilitó ni abrió un canal de diálogo que permanezca en el tiempo para poder ir dando soluciones a las distintas problemáticas que tienen los diferentes sectores del Estado en condiciones laborales, salariales, bonificaciones y demás”. Lo que afirmó que “genera un combo de problemas que ponen en riesgo la paz social que parece no vislumbrar el Gobernador bajo este escenario de la línea de obediencia que le impone la Nación”.

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