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El Gobierno nacional comenzó a reglamentar la Ley de Defensa del Consumidor, a pesar de que la estrategia inicial era no hacerlo y usar la norma como una herramienta de negociación con los empresarios. La nueva iniciativa estará bajo la supervisión del secretario de Comercio, Augusto Costa, con amplios poderes.

A través del decreto 41 reglamentó el llamado Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios. Según el artículo 2, el Poder Ejecutivo designará un “Coordinador Ejecutivo” para presidirlo acompañado de un representante de cada ministerio y la jefatura de gabinete. Además, el secretario de Comercio podrá convocar a asociaciones de usuarios y consumidores para integrarlo.

El método de trabajo será el siguiente: se conforma una “Mesa de Trabajo” que emitirá un “Informe Técnico” sobre un determinado tema o mercado con información de las empresas en principio confidencial.

Sin embargo, esta reserva “no abarcará los precios de venta y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios cuya publicación total o parcial podrá ser dispuesta por el señor Secretario de Comercio mediante resolución debidamente fundada”. El Informe Técnico podrá ser fuente para que el secretario de Comercio luego pueda realizar un dictamen.

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