Exoneraron a un agente de Salud Pública condenado por lesiones con arma de fuego
La medida fue dispuesta por decreto del gobernador Leandro Zdero, luego de que el agente recibiera una condena de tres años de prisión condicional por lesiones agravadas por el uso de arma de fuego.
El Gobierno del Chaco dispuso la exoneración de Walter Javier Díaz, agente de la Administración Pública Provincial que cumplía funciones como chofer en el Hospital 4 de Junio "Dr. Ramón Carrillo" de Presidencia Roque Sáenz Peña. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto N.º 2562/2026, firmado el 23 de octubre por el gobernador Leandro Zdero.
La sanción se fundamentó en una condena penal vinculada con un hecho de violencia en el que se utilizó un arma de fuego. Según los antecedentes incorporados al decreto, la Justicia declaró a Díaz penalmente responsable de los delitos de lesiones leves en concurso real con lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego.
Por esos hechos, recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, además de reglas de conducta por el mismo período. La sentencia fue dictada el 14 de abril de 2026 y quedó firme el 4 de mayo.
Los fundamentos de la exoneración
De acuerdo con los considerandos del decreto, la investigación administrativa concluyó que la conducta del agente constituyó una grave transgresión al régimen disciplinario de la administración pública provincial.
El documento sostiene que los hechos acreditados resultan incompatibles con las exigencias éticas de la función pública y con los deberes que deben cumplir los trabajadores estatales, incluso en conductas que ocurren fuera del ámbito laboral cuando afectan el desempeño o el prestigio de sus cargos.
La Dirección de Sumarios recomendó aplicar la sanción expulsiva, criterio que también fue respaldado por la Asesoría General de Gobierno mediante el Dictamen N.º 553/26.
El antecedente judicial
El decreto también repasa las actuaciones judiciales vinculadas con Díaz. En sus antecedentes se menciona una causa iniciada en 2023 y la posterior intervención de la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña, que dictó la sentencia condenatoria.
Asimismo, el documento recuerda que durante el procedimiento administrativo se garantizó el derecho de defensa del agente, quien realizó presentaciones mediante sus representantes legales y planteó nulidades que fueron rechazadas.
Con la publicación del decreto, la exoneración quedó dispuesta a partir de la fecha de su emisión, el 23 de octubre de 2026.
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