Bolsa del Chaco: denuncian un presunto acuerdo extrajudicial y reclaman medidas urgentes
Un abogado que denunció presuntas irregularidades vinculadas con la Bolsa de Comercio del Chaco solicitó la intervención del Juzgado Federal de Garantías de Resistencia para revisar el avance de la investigación, acceder a información sobre el estado del expediente y ser admitido como querellante autónomo.
Se trata de Víctor Oscar Ruiz Díaz , quien impulsó la causa mediante una denuncia presentada el 18 de febrero de 2026. En el escrito que busca presentar ante la Justicia, sostiene que la investigación permanece en una etapa preliminar y señala que los allanamientos realizados el 3 de marzo no se habrían traducido, hasta el momento, en avances que conozca la parte denunciante.
Por ese motivo, solicita una audiencia oral de control jurisdiccional y de tutela judicial efectiva. También reclama que se informe el estado actual del legajo de investigación Coirón N.º 27724 y que se evalúe su participación formal en el proceso.
EL PRESUNTO ACUERDO CON EL MUNICIPIO
Uno de los puntos centrales de la presentación es la denuncia de un presunto convenio extrajudicial entre la Bolsa de Comercio del Chaco y un municipio que habría realizado colocaciones financieras y buscado recuperar los fondos invertidos en instrumentos vinculados con un emisor presuntamente insolvente.
Según la versión expuesta por Ruiz Díaz, el acuerdo contemplaría la devolución del capital reclamado, más intereses, mediante pagos en cuotas con fondos de la propia entidad bursátil. El entendimiento estaría relacionado, además, con el levantamiento de un embargo dispuesto en el marco de un reclamo judicial en el fuero ordinario provincial.
El denunciante considera que el convenio podría tener relevancia para la investigación original y pide que se determine cómo se aprobó, de qué manera se instrumentó y qué movimientos de dinero se realizaron para cumplirlo.
En su planteo, sostiene que esos pagos podrían afectar el patrimonio de la Bolsa y generar consecuencias contables que deben ser examinadas antes del cierre del ejercicio económico, previsto para el 31 de diciembre de 2026.
La existencia, los términos y los efectos del supuesto acuerdo deberán ser corroborados mediante documentación. Las afirmaciones incluidas en la presentación no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre la responsabilidad de la entidad o de sus directivos.
QUÉ PRUEBAS SOLICITA
Para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, Ruiz Díaz propone una serie de medidas de investigación. Entre ellas, solicita un análisis de los movimientos bancarios de la Bolsa y de las cuentas vinculadas con las operaciones cuestionadas, además de información sobre registros bursátiles y comunicaciones que pudieran resultar pertinentes para el expediente.
También pide que se examine el material informático secuestrado durante los allanamientos, con búsquedas específicas de documentos relacionados con convenios, cuotas, embargos, cesiones de créditos, auditorías e informes de sindicatura.
Otro de los requerimientos apunta a la exhibición de los libros de actas de directorio y asamblea de la entidad, con el objetivo de establecer si el supuesto acuerdo fue tratado y registrado formalmente. A su vez, solicita que se identifique a las autoridades que integraron los órganos de administración y fiscalización desde enero de 2025 hasta la actualidad.
Las diligencias propuestas deberán ser evaluadas por las autoridades competentes, que determinarán su pertinencia, alcance y procedencia conforme a las reglas del proceso penal.
EL PEDIDO PARA SER QUERELLANTE AUTÓNOMO
Ruiz Díaz fundamenta su solicitud de intervención en su condición de socio fundador, socio activo y exsíndico titular de la Bolsa de Comercio del Chaco, además de haber integrado su Consejo Directivo.
Según argumenta, la participación de las actuales autoridades de la entidad en las decisiones cuestionadas podría generar un conflicto de intereses y dificultar que la propia institución impulse acciones para esclarecer los hechos. En ese contexto, sostiene que su intervención permitiría representar intereses que considera afectados.
La admisión como querellante autónomo, sin embargo, depende de la evaluación judicial de los requisitos legales y de la legitimación invocada. Su condición de denunciante y exintegrante de la entidad no implica, por sí sola, que el pedido deba ser aceptado.
LA DEMORA EN LA INVESTIGACION Y LA RESEVA FEDERAL
En el escrito también cuestiona el tiempo transcurrido desde la denuncia y los allanamientos. Por eso, pide que se fije una audiencia con carácter urgente y que se informe qué medidas se realizaron, cuáles permanecen pendientes y cuál es el estado procesal de las actuaciones.
Finalmente, formula una reserva del caso federal ante la eventualidad de que sus planteos sean rechazados, al considerar que podrían verse afectados derechos vinculados con el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
La presentación busca que la Justicia evalúe tanto el avance de la investigación original como la relevancia del presunto convenio y la necesidad de producir nuevas pruebas. La existencia de delitos y las eventuales responsabilidades penales deberán establecerse a partir de la investigación y de las decisiones de las autoridades judiciales.
