El Gobierno prevé $ 7,7 billones para las universidades y crece la presión opositora
La Comisión de Presupuesto y Hacienda recibirá a funcionarios de Educación para continuar el análisis del proyecto oficial. Mientras el Gobierno contempla transferencias por $7,7 billones para las universidades nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional reclama $11 billones y la oposición exige que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.
El financiamiento de las universidades nacionales volverá a ocupar un lugar central en el debate del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. El oficialismo retomará este martes el tratamiento del proyecto con la presencia de funcionarios del área educativa, mientras la oposición y distintos sectores políticos reclamarán más recursos para las casas de estudio y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado libertario Bertie Benegas Lynch, está prevista para las 10. Participarán el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ambos integrantes del Ministerio de Capital Humano.
Uno de los principales puntos de discusión será la diferencia entre los fondos contemplados por el Poder Ejecutivo y los solicitados por el sistema universitario.
El proyecto oficial prevé transferencias por $7,7 billones para 2027 , mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó $11 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales.
LA OPOSICIÓN RECLAMA QUE SE CUMPLA LA LEY
Los bloques opositores anticiparon que insistirán con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y con la necesidad de garantizar recursos suficientes para sostener las actividades académicas.
El diputado de Encuentro Federal Miguel Pichetto defendió la importancia de asegurar el presupuesto de las instituciones públicas y sostuvo que el financiamiento educativo debe mantenerse como una política de Estado.
En esa línea, reclamó que el Gobierno garantice los recursos para el funcionamiento de las universidades, la gratuidad de la educación superior y las posibilidades de estudiar en distintas regiones del país.
Por su parte, el diputado socialista Esteban Paulón sintetizó su postura con un mensaje dirigido al oficialismo: "En democracia las leyes se cumplen. Cumplan con las universidades".
Desde La Libertad Avanza, la diputada jujeña Bárbara Andreussi defendió la universidad pública y gratuita, pero cuestionó el uso de los recursos y reclamó mayor control del gasto. También planteó objeciones sobre los costos por graduado y las tasas de egreso de algunas instituciones.
Las posiciones reflejan uno de los principales contrapuntos de la discusión: cuánto dinero debe destinarse al sistema universitario y qué mecanismos de control y evaluación deben acompañar ese financiamiento.
LOS BLOQUES DIALOGUISTAS TAMBIÉN PIDEN MÁS FONDOS
El reclamo por mayores partidas no se limita a los bloques opositores. Desde Argentina Federal, el diputado misionero Alberto Arrúa presentó un proyecto de resolución para solicitar que el Poder Ejecutivo incorpore al Presupuesto 2027 los recursos necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
La iniciativa contempla partidas para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales, actualizar sus presupuestos, recomponer los salarios de docentes y no docentes y sostener las becas estudiantiles.
Arrúa sostuvo que la educación superior debe ocupar un lugar prioritario en la planificación presupuestaria y advirtió que el reconocimiento de su importancia debe traducirse en recursos concretos para las instituciones y sus trabajadores.
La propuesta cuenta con el impulso de la bancada que conduce Oscar Herrera Ahuad, vinculada a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Misiones, Hugo Passalacqua.
LA UCR RESPALDÓ EL PLANTEO DE LOS RECTORES
La Unión Cívica Radical (UCR), conducida a nivel nacional por Leonel Chiarella, también respaldó el proyecto presupuestario presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional.
La postura se definió después de una reunión con legisladores nacionales y representantes del bloque de Rectores Reformistas, en la que se abordaron el financiamiento de las universidades y la defensa de su autonomía.
Desde el radicalismo exhortaron a diputados y senadores a defender las partidas necesarias para garantizar el funcionamiento de las instituciones durante el debate presupuestario.
De esta manera, el reclamo por más recursos reúne a distintos sectores políticos, aunque todavía resta conocer qué modificaciones podrían incorporarse al proyecto oficial durante su tratamiento parlamentario.
LA MARCHA UNIVERSITARIA, EN PARALELO AL DEBATE
La discusión legislativa coincidirá con una nueva movilización frente al Congreso: la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Según las cifras citadas en el planteo del sector universitario, el presupuesto destinado a las universidades en 2026 fue un 25,3% inferior en términos reales al de 2023 . En el mismo período, los salarios docentes quedaron un 24,2% por debajo de los niveles de aquel año.
Además, el reclamo sostiene que, para cumplir con la ley, el Gobierno debería aplicar un aumento del 32% sobre los haberes de septiembre.
La movilización buscará reforzar la presión sobre el Congreso y el Poder Ejecutivo mientras se discuten las partidas para el próximo ejercicio.
LAS PROYECCIONES ECONÓMICAS DEL PRESUPUESTO 2027
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre y establece las previsiones de ingresos, gastos y resultado fiscal del Estado nacional para el próximo año.
Entre sus principales estimaciones, contempla un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4% , una inflación interanual del 18% y un tipo de cambio de $1.847,60 por dólar para diciembre de 2027 .
En ese marco, el debate por los fondos universitarios será una de las discusiones centrales del tratamiento presupuestario. La diferencia entre lo previsto por el Gobierno y lo solicitado por el CIN, junto con los reclamos salariales y el cumplimiento de la ley, marcará las negociaciones para definir el financiamiento de las universidades nacionales durante 2027.
