Malvinas: sanciones, recursos y un nuevo Consejo, qué se discutirá en Diputados
El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional comenzará a debatirse el miércoles 30 de septiembre. El oficialismo prevé cerrar el tratamiento en comisiones el 6 de octubre y buscar su aprobación en el recinto al día siguiente.
La Cámara de Diputados comenzará este miércoles 30 de septiembre el debate del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional , una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que amplía las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y crea un nuevo Consejo de Seguridad Nacional.
El primer paso será un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto , convocado para las 12. La reunión será de carácter informativo y contará con expositores, por lo que en esa instancia no se prevé la firma de dictámenes.
El cronograma definido por el oficialismo contempla una segunda reunión para el martes 6 de octubre , cuando buscará cerrar la discusión y emitir los dictámenes. Si ese esquema se mantiene, el proyecto podría llegar al recinto el miércoles 7 de octubre , en una sesión especial que solicitaría el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.
La iniciativa fue enviada al Congreso el 17 de septiembre , luego del anuncio realizado por Milei durante una cadena nacional. El proyecto establece que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, integran el territorio nacional y reafirma como objetivo permanente la recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía argentina.
Uno de los principales cambios planteados es la modificación del régimen vigente sobre la explotación de recursos naturales. El texto propone derogar la Ley 26.659 y ampliar las sanciones a quienes exploten sin autorización argentina recursos renovables y no renovables en las áreas alcanzadas por la iniciativa.
El proyecto contempla penas de cinco a siete años de prisión , multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial para quienes, con conocimiento, proporcionen bienes o servicios esenciales a personas o empresas alcanzadas por las conductas previstas.
También establece consecuencias económicas y administrativas para los sancionados: entre otras medidas, no podrán desarrollar determinadas actividades económicas en el país, perderán exenciones impositivas o previsionales, podrán ver revocadas sus habilitaciones y deberán rescindir contratos que se ejecuten total o parcialmente en la Argentina.
Además, quedarían impedidos de contratar con el Estado nacional, las provincias, los municipios y personas o empresas radicadas en el país .
EL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL
Otro de los ejes del proyecto es la creación del Consejo de Seguridad Nacional , que estará encabezado por el Presidente y funcionará como órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional.
Entre sus funciones se encuentra asistir al jefe de Estado en cuestiones vinculadas con la seguridad nacional, elaborar la Política de Seguridad Nacional y aprobar políticas sectoriales de los distintos integrantes del sistema.
LOS CUESTIONAMIENTOS AL PROYECTO
Antes del inicio del debate parlamentario, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal manifestó su preocupación por algunas disposiciones de la iniciativa. La entidad sostuvo que la defensa de la soberanía y la protección de las instituciones democráticas frente a injerencias extranjeras son objetivos legítimos, pero señaló que los instrumentos utilizados deben respetar los derechos y garantías constitucionales.
En particular, cuestionó la amplitud y falta de precisión que, según su análisis, presentan algunas conductas vinculadas con las sanciones penales y administrativas. También advirtió sobre disposiciones relacionadas con la interferencia en procesos electorales y las denominadas campañas de "desinformación masiva" , al considerar que podrían afectar la libertad de expresión, la circulación de información y el debate público.
La presidenta del Colegio, Alejandra García , planteó que la defensa de la soberanía debe desarrollarse dentro del marco constitucional y expresó reparos sobre el principio de legalidad, la libertad de expresión y el debido proceso.
LA POSICIÓN DEL MID
En paralelo al inicio del debate, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) , representado en Diputados por Oscar Zago y Eduardo Falcone, fijó su posición sobre la iniciativa.
El espacio planteó que la defensa de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas debe combinarse con una perspectiva de desarrollo nacional, responsabilidad institucional y realismo estratégico.
Entre sus planteos, el MID sostuvo que la soberanía requiere fortalecer las capacidades materiales del país en áreas como inversión, infraestructura, energía, industria, ciencia, tecnología, defensa y presencia estatal .
También reclamó que el alcance integral del proyecto sea explicado con transparencia y que durante el debate no se desconozcan las atribuciones constitucionales del Congreso.
Con el primer plenario previsto para el 30 de septiembre , el próximo punto de la agenda será determinar si el oficialismo logra avanzar con el cronograma que proyectó: dictamen el 6 de octubre y tratamiento en el recinto al día siguiente.
