El Gobierno propone actualizar los salarios docentes según recursos e inflación
El proyecto establece revisiones periódicas según inflación, recursos y situación fiscal, pero no contempla una actualización automática por IPC.
El Gobierno provincial presentó un proyecto de ley para establecer un régimen de actualización salarial para el personal docente del Chaco , que comenzaría a aplicarse a partir del ejercicio presupuestario 2027.
La iniciativa propone que las futuras actualizaciones de los salarios docentes sean definidas a partir de una evaluación periódica de la evolución de los recursos provinciales y nacionales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el gasto en personal y otras variables macroeconómicas y presupuestarias.
Sin embargo, el proyecto establece expresamente que el mecanismo no implicará una indexación automática de los salarios por inflación . Las eventuales actualizaciones dependerán de la disponibilidad efectiva de recursos y deberán contar con respaldo presupuestario.
QUÉ PLANTEA EL PROYECTO
El texto establece que el Poder Ejecutivo, a través de los ministerios de Hacienda y Finanzas y de Educación, será la autoridad de aplicación del régimen.
Entre los criterios que deberán tenerse en cuenta aparecen la sustentabilidad presupuestaria, la compatibilidad entre recursos y gastos permanentes, la protección progresiva del salario docente, la gradualidad de las actualizaciones y la disponibilidad efectiva de fondos.
El artículo 4 establece que Hacienda deberá evaluar periódicamente la evolución de la coparticipación federal y otros recursos de origen nacional, la recaudación provincial, el IPC, la incidencia del gasto en personal sobre el presupuesto y las variables fiscales y macroeconómicas.
A partir de ese análisis, el Ejecutivo podrá disponer nuevas actualizaciones salariales mediante los instrumentos correspondientes y siempre que exista previsión presupuestaria.
NO HABRÁ ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA POR INFLACIÓN
Uno de los puntos centrales de la iniciativa aparece en el artículo 7, donde se aclara que las actualizaciones previstas "no constituirán mecanismos automáticos de indexación salarial" ni estarán vinculadas exclusivamente a los índices inflacionarios.
De esta manera, aunque el IPC será una de las variables consideradas, no funcionará por sí solo como fórmula para determinar un aumento.
El proyecto también establece que ninguna actualización podrá generar erogaciones permanentes sin una fuente cierta de financiamiento y que las decisiones deberán adecuarse a las normas de responsabilidad fiscal.
LA REFERENCIA PARA LOS PRÓXIMOS PRESUPUESTOS
La propuesta incorpora además como parámetro los lineamientos macroeconómicos comunicados por el Gobierno Nacional para la elaboración de los presupuestos provinciales.
El texto cita el artículo 20 de la Ley Nacional N.º 27.428 de Responsabilidad Fiscal, a la que el Chaco adhirió mediante la Ley N.º 2768-F. Según el proyecto, esas proyecciones nacionales serán tomadas como referencia para establecer las pautas de crecimiento del gasto en personal en los próximos ejercicios.
En los fundamentos, el Gobierno señala que la Provincia tiene una alta dependencia de los recursos de origen nacional. Para 2026, el proyecto menciona recursos de origen nacional estimados en $3.504.641 millones , sobre un total de recursos provinciales proyectados de $4.407.870 millones , lo que representa aproximadamente el 79,5%.
También señala que el gasto en personal proyectado para 2026 asciende a $2.328.366 millones , equivalente al 52,8% del total de erogaciones y al 62,7% de las erogaciones corrientes.
EL RÉGIMEN COMENZARÍA EN 2027
La iniciativa aclara que no modificará la pauta salarial correspondiente al ejercicio 2026, ya contemplada en el presupuesto vigente.
Por eso, el nuevo régimen se proyecta para 2027 y los ejercicios siguientes , cuando las actualizaciones de la partida destinada al personal docente deberán formularse de acuerdo con las pautas macroeconómicas nacionales y la situación financiera de la Provincia.
En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que la propuesta busca compatibilizar la preservación progresiva del poder adquisitivo de los docentes con el equilibrio presupuestario y la disponibilidad real de recursos públicos.
