Echaron a un responsable de un parador por negar el ingreso a personas en situación de calle
El Gobierno del Chaco dispuso la cesantía de J.M.P.D., responsable del parador Mírame III. El sumario detectó además irregularidades en el Economato, deficiencias edilicias y un equipo paralelo señalado por hostigar a residentes.
El Gobierno del Chaco dispuso la cesantía de J.M.P.D., quien se desempeñaba como responsable institucional del Centro de Contención para Personas en Situación de Calle Mírame III, ubicado en Santa Fe 461, en Resistencia.
La medida fue establecida mediante el Decreto N° 2214, firmado el 18 de septiembre de 2026, luego de un sumario administrativo iniciado en 2022 por distintas irregularidades en el funcionamiento del dispositivo.
Uno de los principales cargos estuvo relacionado con la negativa a permitir el ingreso de personas en situación de calle que necesitaban alojamiento. Según el expediente, hubo al menos dos episodios en los que grupos de tres personas no pudieron acceder al parador.
Una trabajadora social consideró que esas situaciones implicaron una revictimización de personas en situación de vulnerabilidad y señaló actitudes de rechazo hacia quienes buscaban alojamiento.
El sumario también detectó problemas en la infraestructura del edificio, como filtraciones en dormitorios, humedad, desagües obstruidos, deterioro de sanitarios y el cierre con llave del baño destinado a personas con discapacidad.
Otro de los puntos investigados fue el funcionamiento del Economato. El expediente señaló que no existían registros adecuados de las mercaderías entregadas y que J.M.P.D. se habría negado a recibir y registrar información en el cuaderno establecido para ese fin.
Además, se acreditó la existencia de un equipo técnico paralelo no autorizado, al que distintos informes señalaron por presuntas situaciones de hostigamiento hacia residentes. Según el expediente, ese grupo también habría provocado el desplazamiento del equipo técnico formal de su oficina y la desaparición de documentación confidencial de los legajos.
La instrucción administrativa consideró acreditados los cargos contra el responsable del dispositivo y recomendó su cesantía. Como agravante, el decreto tuvo en cuenta que contaba con ocho años de antigüedad en la Administración Pública y una sanción previa por trato indebido hacia residentes vulnerables.
Finalmente, la Asesoría General de Gobierno aconsejó aplicar la sanción expulsiva y el gobernador Leandro Zdero dispuso la cesantía de J.M.P.D. por las transgresiones establecidas durante el sumario.
El decreto también ordenó implementar medidas para evitar nuevas irregularidades, entre ellas controles de stock del Economato, inventarios mensuales, inspecciones edilicias, delimitación de funciones de los equipos técnicos y un registro automatizado de los ingresos nocturnos.
