Cesantearon a una empleada pública por adulterar un certificado médico para pedir licencia
La agente pertenecía al Ministerio de Desarrollo Humano. Según el sumario, dejó de trabajar durante más de dos meses y había presentado un documento médico adulterado para justificar una licencia.
El Gobierno del Chaco dispuso la cesantía de una empleada de planta permanente del Ministerio de Desarrollo Humano, tras una investigación administrativa que determinó irregularidades vinculadas con una licencia médica y un posterior abandono de servicio.
La medida fue oficializada mediante un decreto firmado por el gobernador Leandro Zdero, el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, y el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro.
El expediente se inició a fines de 2023, cuando la responsable del Albergue Familiar "Madre Teresa de Calcuta" advirtió inconsistencias en una solicitud de licencia médica presentada por la agente.
Según la investigación, la misma había enviado por WhatsApp un archivo PDF correspondiente a un acta de salud ocupacional que presentaba modificaciones y un número de ficha que pertenecía a otro trámite.
A partir de esa situación se inició un sumario administrativo para determinar si había incumplido las normas establecidas en el Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial.
La investigación también estableció que la agente habría dejado de prestar funciones desde abril de 2024. Durante el proceso fue notificada y citada para realizar su descargo, pero no se presentó a las audiencias ni aportó pruebas en su defensa.
El expediente determinó además que percibió haberes de manera indebida entre el 1 de abril y el 12 de junio de 2024, cuando finalmente se suspendió el pago. El Gobierno ordenó calcular el monto del perjuicio económico y avanzar con las medidas necesarias para recuperar esos fondos.
La Asesoría General de Gobierno dictaminó la procedencia de la sanción expulsiva y el Ejecutivo dispuso la cesantía de la agente. El decreto también ordenó dar intervención al Tribunal de Cuentas y autorizó a la Fiscalía de Estado a iniciar las acciones legales correspondientes si no se logra recuperar el dinero por la vía administrativa.
