El STJ rechazó aplicar el juicio por jurados en dos causas civiles del Chaco
La decisión fue tomada por mayoría. Dos jueces plantearon una postura contraria y pidieron avanzar con la implementación progresiva del sistema.
El Superior Tribunal de Justicia del Chaco resolvió por mayoría que no resulta factible aplicar actualmente el juicio por jurados en dos causas del fuero Civil y Comercial de Resistencia .
La decisión quedó plasmada en la Resolución Nº 830, del 8 de septiembre de 2026, a partir de pedidos realizados por magistradas de los Juzgados Civil y Comercial Nº 1 y Nº 4 para avanzar con experiencias de juicio por jurados en causas vinculadas a responsabilidad civil extracontractual.
La Ley 3325-B , sancionada en 2020, establece el juicio por jurados para determinados procesos civiles y comerciales, entre ellos los vinculados con responsabilidad civil extracontractual individual y afectaciones a derechos colectivos. La normativa también establece una implementación progresiva y otorga al STJ la decisión definitiva sobre la selección de los casos.
En su voto mayoritario, los jueces consideraron que, si bien las causas propuestas cumplen con los presupuestos establecidos por la ley para acceder al sistema, no reúnen los parámetros de selección previstos para esta etapa , entre ellos la relevancia social, política y económica y la importancia de su tratamiento público.
Además, señalaron que la implementación progresiva requiere capacitación de magistrados, funcionarios, personal judicial y auxiliares, junto con la adaptación de la gestión y la evaluación de las condiciones operativas necesarias para garantizar el funcionamiento del mecanismo.
Por esos motivos, el STJ resolvió hacer saber a las magistradas de ambos juzgados que el juicio por jurados no resulta actualmente factible en los casos propuestos .
LA POSTURA EN DISIDENCIA
La resolución contó con la disidencia de los jueces Emilia María Valle y Víctor Emilio Del Río , quienes consideraron que las causas sí reúnen las condiciones previstas por la Ley 3325-B y que existen actualmente elementos para comenzar con la implementación progresiva del sistema.
Los magistrados señalaron que los casos están vinculados con siniestros viales con consecuencias fatales , una problemática que, según su postura, tiene relevancia social por su reiteración y posible incidencia en conflictos similares.
En ese sentido, citaron datos del Informe de Siniestralidad Vial 2025 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, según el cual Chaco registró 185 víctimas fatales durante ese año. Para los jueces disidentes, ese contexto permite considerar que los casos propuestos cumplen con el criterio de relevancia social previsto por la normativa.
Valle y Del Río también cuestionaron que las cuestiones organizativas o presupuestarias puedan impedir el inicio del sistema y plantearon aprovechar la experiencia acumulada con los juicios por jurados penales en la provincia.
En su propuesta, solicitaron iniciar capacitaciones y talleres destinados al fuero Civil y Comercial , elaborar un programa a través del Centro de Estudios Judiciales y establecer una fecha para comenzar la implementación una vez finalizada esa etapa.
La Ley 3325-B prevé que la puesta en funcionamiento del juicio por jurados civil y comercial sea progresiva. El sistema contempla la participación ciudadana en determinados procesos y, según la normativa, la selección de los casos queda sujeta a los criterios establecidos por el Superior Tribunal de Justicia.
