El Gobierno analiza un nuevo protocolo para interceptar buques en aguas argentinas
El Ejecutivo analiza modificar el procedimiento vigente para responder ante embarcaciones que desobedezcan órdenes argentinas. La reforma también podría alcanzar a pesqueros extranjeros que operen ilegalmente en la ZEE.
El Gobierno nacional analiza modificar el procedimiento para interceptar embarcaciones que incumplan órdenes de las autoridades argentinas en espacios marítimos bajo jurisdicción nacional o vinculados con derechos soberanos del país.
La iniciativa forma parte del capítulo de protección marítima de la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y apunta a reducir los pasos necesarios antes de adoptar determinadas medidas coercitivas.
El esquema también podría aplicarse a pesqueros extranjeros que realicen actividades ilegales dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y se nieguen a detenerse ante las órdenes argentinas.
Actualmente, la Prefectura Naval cuenta con facultades para detectar, perseguir, inspeccionar y apresar embarcaciones que pesquen ilegalmente en la ZEE. El protocolo vigente contempla comunicaciones radiales, señales visuales, intimaciones de detención, abordaje y persecución.
Ante una eventual resistencia, el procedimiento establece una escalada que puede incluir disparos de advertencia o de invalidación, bajo criterios de legalidad, gradualidad y proporcionalidad.
Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió en marzo de 2016, cuando el guardacostas Prefecto Derbes persiguió y hundió al pesquero chino Lu Yan Yuan Yu 010, luego de que fuera detectado pescando ilegalmente cerca de Puerto Madryn y no acatara las órdenes de detención. La tripulación fue rescatada.
Prefectura y Armada
Otro de los puntos que analiza el Ejecutivo es cómo se articularán Prefectura Naval, la Armada y el Comando Conjunto Marítimo, especialmente para definir cuándo una intervención corresponde al ámbito policial y en qué situaciones debería involucrar a estructuras de Defensa. Por el momento, el Gobierno no difundió el esquema definitivo de esa cadena de mando.
Además, se estudia modificar el tratamiento jurídico de la pesca ilegal. Una de las alternativas contempla que determinados casos puedan pasar del ámbito exclusivamente administrativo al penal, aunque todavía no existe un texto definitivo sobre ese punto.
La discusión se produce mientras el Gobierno proyecta reforzar las capacidades de vigilancia marítima. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla operaciones de crédito por hasta US$ 1.200 millones para dos fragatas multimisión y US$ 2.300 millones para tres submarinos convencionales, además de recursos destinados a medios de Prefectura y al Sistema Guardacos
