Denunciaron que una mujer firmó documentos para habilitar un comercio y le quitaron la casa
La familia sostiene que fue llevada a una escribanía bajo la supuesta intención de habilitar un comercio, pero que la documentación habría terminado transfiriendo la titularidad del inmueble a un vecino.
Una familia de Presidencia Roque Sáenz Peña denunció ante la Justicia una presunta maniobra mediante la cual una mujer habría firmado documentación sin saber que podía perder la titularidad de su vivienda. El inmueble está ubicado en calle 21 esquina 2, en el barrio Obrero, y la familia asegura que continúa viviendo allí desde hace cuatro años, cuando inició el reclamo judicial.
Según relataron Norma y Luis Levasky, todo comenzó a partir de una situación económica vinculada a problemas de salud. La familia decidió vender un pequeño sector del terreno y realizó la operación formalmente ante una escribanía.
Tiempo después, el comprador volvió a contactarlos y les propuso utilizar una habitación de la vivienda para instalar un quiosco. La familia aceptó debido a la relación de confianza que mantenían desde hacía años con el vecino.
De acuerdo con su relato, posteriormente les habría solicitado que Norma figurara como titular del comercio. La mujer fue entonces llevada a una escribanía y allí firmó documentación que, según descubrieron posteriormente, habría permitido transferir la titularidad de la propiedad al vecino.
"Yo pensé que era para habilitar el quiosco. Me dijeron que tenía que firmar y firmé", contó Norma. La mujer aseguró que no sabe leer ni escribir y que la documentación no le fue leída antes de la firma.
También relató que el trámite se realizó de manera apresurada, mientras la escribana atendía a otras personas y le indicaba que firmara.
La familia sostiene que existió un abuso de confianza y un aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de Norma. Por este motivo, reclama que se investigue cómo se realizó la transferencia y cuál es la validez de la documentación.
El caso permanece bajo análisis judicial desde hace cuatro años. La Justicia deberá determinar la validez de los documentos y si existió una maniobra fraudulenta o algún tipo de aprovechamiento, tal como denuncia la familia.
