Trabajadores judiciales apuntaron contra el proyecto de intangibilidad del Ejecutivo
La Intergremial realizó una conferencia de prensa en Resistencia y rechazó el Proyecto de Ley. Cuestionaron los fundamentos de la iniciativa, plantearon objeciones constitucionales y advirtieron por su impacto en los salarios y las paritarias del sector.
Los trabajadores judiciales expresaron su rechazo al Proyecto de Ley 2141/26 , impulsado por el Ejecutivo chaqueño y conocido como proyecto de "Intangibilidad". Durante una conferencia de prensa realizada este jueves en el Playón de Las Torres, en avenida Laprida y Sarmiento, cuestionaron tanto los fundamentos de la iniciativa como sus posibles consecuencias sobre el régimen salarial del sector.
Graciela Aranda y Walter Bernard fueron algunos de los referentes de la Intergremial que expusieron los cuestionamientos. Según plantearon, el proyecto presenta como fundamento una serie de decisiones judiciales, pero sostuvieron que esa interpretación resulta "falaz y engañosa".
Uno de los principales planteos estuvo relacionado con el alcance que tendría la iniciativa sobre los salarios de los trabajadores judiciales.
"Va a afectar el salario a los judiciales de acá al futuro" , afirmó Bernard al ser consultado específicamente por las consecuencias que podría tener el proyecto.
En ese sentido, explicó que existe una diferencia entre el pago retroactivo derivado de decisiones judiciales y cualquier modificación que pueda impactar hacia adelante sobre los haberes de todo el personal.
"Una cosa es el pago retroactivo (…) y otra cosa es cuando se meten con el sueldo de todo el personal judicial como lo están haciendo ahora" , sostuvo.
CUESTIONAMIENTOS AL ORIGEN DEL PROYECTO
Durante la conferencia, los dirigentes realizaron un repaso del conflicto que, según explicaron, se inició en 2005. Señalaron que hubo una primera sentencia en 2014 y que la Fiscalía de Estado presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que posteriormente fue rechazado, según la explicación brindada por los gremialistas.
Aranda sostuvo además que la Corte Suprema había señalado que en una decisión anterior no se había respetado la división de poderes. Según explicó, el expediente regresó al ámbito provincial y posteriormente se produjo una nueva revisión que derivó en la sentencia 160/20, dictada en 2020.
Los representantes sindicales también cuestionaron la intervención de magistrados y funcionarios judiciales en decisiones que, según plantearon, podrían tener un impacto sobre sus propios intereses salariales.
Bernard sostuvo que un tribunal debe garantizar la imparcialidad establecida tanto por la Constitución Nacional como por la normativa provincial y los tratados internacionales, y cuestionó que jueces en funciones puedan intervenir en cuestiones vinculadas con trabajadores del mismo Poder Judicial.
CRÍTICAS AL IMPACTO SOBRE LAS PARITARIAS
Otro de los puntos centrales de la exposición estuvo relacionado con la participación sindical en la discusión salarial.
Los judiciales sostuvieron que el proyecto podría avanzar sobre las facultades de las organizaciones gremiales para intervenir en las negociaciones salariales y señalaron que esa participación se encuentra contemplada dentro del esquema vigente.
"Esta ley lo que pretende es borrar directamente a las asociaciones sindicales en cuanto a debatir sueldos" , afirmó Bernard.
Los dirigentes también mencionaron la Ley 3424 y, particularmente, su artículo 9, que establece un mecanismo relacionado con la evolución de los salarios judiciales respecto de la media nacional.
Finalmente, reclamaron que cualquier decisión legislativa sobre el sistema salarial respete los parámetros constitucionales y las garantías vinculadas con la negociación colectiva y la participación de las organizaciones sindicales.
