El Gobierno financiará con fondos propios la Base Naval de Tierra del Fuego
El Ejecutivo asignó una primera partida de $114.732 millones y asegura que la obra será financiada con recursos propios.
El Gobierno de Javier Milei descartó recurrir a financiamiento extranjero para la construcción de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego y aseguró que la obra será afrontada con recursos propios. El proyecto, cuyo costo estimado se ubica entre US$300 y US$500 millones, volvió a tomar impulso con la asignación de una primera partida presupuestaria.
La decisión fue ratificada en medio de las conversaciones que la administración de Milei mantiene con el gobierno de Donald Trump. Si bien desde el Ejecutivo reconocen que una instalación de estas características podría requerir colaboración internacional, aclararon que esa asistencia no contemplará aportes económicos de otros Estados.
El DNU 867/26, publicado este viernes en el Boletín Oficial, incluyó una primera erogación vinculada al proyecto. Dentro del refuerzo de partidas para el área de Defensa aparecen $114.732 millones destinados a adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo, fondos que tendrán como principal destino las obras de la futura Base Naval Integrada.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, será el encargado de brindar detalles sobre el esquema de financiamiento y la ejecución de los trabajos. Dentro del oficialismo toman como referencia la base naval de Punta Arenas, en Chile, y buscan que la instalación argentina pueda ofrecer servicios similares o superiores.
El proyecto había sido anunciado originalmente durante el gobierno de Alberto Fernández, pero retomó impulso durante la actual gestión. Su desarrollo también quedó vinculado al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y al fortalecimiento de las capacidades militares en el extremo sur del país.
La decisión de descartar fondos extranjeros apunta además a despejar las versiones sobre una eventual presencia estadounidense en la futura instalación. Tras los anuncios de Milei, dirigentes del kirchnerismo y de la izquierda cuestionaron el proyecto y advirtieron sobre un posible emplazamiento norteamericano.
En paralelo, el Gobierno asignó fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para cuestiones vinculadas con las Islas Malvinas.
