Este sábado entra en vigencia la imputabilidad a 14 años
La Ley 27.801 reemplaza el régimen vigente desde 1980 y prevé penas de hasta 15 años, aunque especialistas advierten por la falta de recursos para su aplicación.
Este sábado 5 de septiembre entra en vigencia la Ley 27.801, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad en Argentina y reemplaza el régimen penal juvenil que se encontraba vigente desde 1980.
A partir de la entrada en vigencia de la norma, los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser imputados y juzgados penalmente. La reforma crea un régimen específico para jóvenes de entre 14 y 18 años y establece un máximo de 15 años de privación de la libertad para los delitos más graves.
La ley prohíbe la prisión perpetua y determina que los adolescentes no podrán compartir establecimientos de detención con adultos. Además, establece que la privación de la libertad deberá ser utilizada como último recurso.
Para la implementación del nuevo régimen, el Congreso estableció una partida de $23.739 millones. Sin embargo, la entrada en vigencia de la ley llega acompañada de advertencias sobre la disponibilidad de recursos, infraestructura y personal especializado para responder a las nuevas exigencias del sistema.
No todos los delitos implicarán prisión
La nueva normativa establece que tener 14 años y cometer un delito no significará automáticamente recibir una pena de prisión efectiva.
Para los delitos cuyas penas sean de hasta tres años, no podrá aplicarse el encierro. En esos casos podrán imponerse medidas alternativas, como servicios comunitarios, reparación del daño, prohibiciones de acercamiento a las víctimas, restricciones para concurrir a determinados lugares, reglas de conducta y monitoreo electrónico.
Incluso para determinados delitos con penas de hasta diez años, la norma prevé la posibilidad de sustituir la prisión por otras medidas, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.
Además, se incorpora la figura del supervisor especializado, que estará integrada por profesionales de áreas como psicología, trabajo social, educación o adicciones. Su función será acompañar y controlar el cumplimiento de las medidas impuestas.
Dudas por la implementación
Uno de los principales interrogantes gira en torno a la capacidad del sistema judicial y de las provincias para aplicar el nuevo régimen. En algunos juzgados estiman que la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años podría incrementar considerablemente la cantidad de causas.
También existen dudas sobre la cantidad de dispositivos de monitoreo electrónico disponibles, la designación de supervisores especializados y la creación o adecuación de espacios destinados exclusivamente a adolescentes.
La ley nacional deberá, además, convivir con los diferentes sistemas procesales de las provincias y con las estructuras existentes en cada jurisdicción.
Críticas y advertencias
La reforma también volvió a abrir el debate sobre la respuesta del Estado frente al delito juvenil. Organismos especializados y referentes vinculados a los derechos de niños y adolescentes advierten que el endurecimiento de las respuestas penales no necesariamente se traduce en una reducción del delito.
Entre las voces críticas se encuentra Perla Banegas, licenciada en Ciencias de la Educación y especialista en infancia y adolescencia, quien cuestionó que la reducción de la edad de imputabilidad pueda reforzar una mirada que coloque a niños y adolescentes como sujetos de sospecha.
Desde este sábado, la discusión dejará de estar limitada al ámbito legislativo. La incorporación de los adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal abrirá una nueva etapa para la Justicia juvenil, con el desafío de definir si las estructuras disponibles podrán cumplir con el objetivo de responsabilización, educación, reinserción e integración social que establece la propia norma.
