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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
 
 
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Circuito paralelo

Fraude con obras escolares: buscan recuperar $ 5,2 millones de fondos públicos

El Gobierno del Chaco dispuso sanciones de exoneración para cuatro agentes vinculados a una maniobra con supuestas refacciones escolares que no fueron realizadas en 2017 y ordenó dar intervención a la Fiscalía de Estado para avanzar con el recupero de los fondos públicos involucrados.

El perjuicio económico inicial fue establecido en $5.243.717 , correspondiente a las erogaciones realizadas mediante el mecanismo investigado. Para dimensionar ese monto, tomando como referencia el dólar oficial vendedor de fines de mayo de 2017, cuando cotizaba a $16,40, equivalía entonces a aproximadamente US$320.000 .

El decreto establece además que la suma deberá ser actualizada con los índices financieros y tasas de interés vigentes para las deudas a favor del Estado provincial y que el recupero deberá ser afrontado solidariamente por los cuatro agentes alcanzados por la medida.

LAS MANOBRAS SE REMONTAN A 2017

Según surge del expediente administrativo, el núcleo de las operaciones investigadas corresponde principalmente a 2017 . La documentación cuestionada incluye rendiciones correspondientes a marzo, abril y mayo de ese año , además de otras actuaciones vinculadas con las órdenes de pago analizadas.

En total, fueron identificadas 79 órdenes de pago  relacionadas con supuestas tareas de refacción, mantenimiento, limpieza, desmalezamiento e instalaciones eléctricas o sanitarias en establecimientos educativos de la provincia.

La investigación administrativa concluyó que las obras consignadas en esa documentación no habían sido ejecutadas .

Las primeras verificaciones de las irregularidades se realizaron en marzo y abril de 2018 . En distintas actas, directivos y funcionarios desconocieron las firmas y sellos que aparecían en la documentación y aseguraron que el Ministerio de Educación no había realizado las obras consignadas.

Uno de los directivos incluso señaló que las reparaciones de su establecimiento habían sido solventadas con apoyo de la comunidad educativa, padrinos de la escuela y la Municipalidad de Miraflores.

EXPEDIENTES QUE NO FIGURABAN EN EL SISTEMA

Uno de los principales hallazgos del sumario fue la inexistencia formal de los expedientes que supuestamente respaldaban los pagos .

La investigación determinó que esos trámites no figuraban en el sistema informático oficial del Ministerio de Educación. Pese a ello, se generaron órdenes de compra y de pago a través del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC).

Según las conclusiones sumariales, el procedimiento administrativo regular habría sido reemplazado por un circuito paralelo e irregular , utilizando documentación que permitía otorgar apariencia de legalidad a operaciones que no contaban con respaldo válido.

También se detectaron inconsistencias temporales, entre ellas factibilidades de crédito con fechas anteriores a los pedidos de gasto.

FIRMAS Y SELLOS FALSIFICADOS 

Otro de los elementos centrales de la investigación fue una pericia caligráfica  realizada sobre la documentación.

El estudio concluyó que las firmas atribuidas al entonces subsecretario de Infraestructura Escolar, César Gabriel Lemos , no habían sido realizadas por él. También determinó que los sellos utilizados no coincidían con las matrices oficiales de esa dependencia.

La pericia detectó además distintos sellos con características entre sí y concluyó que la escritura presente en presupuestos, facturas y documentación administrativa respondía a una misma autoría.

A esto se sumaron los testimonios de directivos escolares que desconocieron las firmas y sellos utilizados en las actas de conformidad y negaron la ejecución de las obras.

TRES CONDENAS PENALES

El decreto toma como uno de sus principales fundamentos la Sentencia Penal y Firme N.º 148/2025 , dictada por la Cámara Tercera en lo Criminal.

En esa causa, María Isabel Torres y Alcides Arístides Bernal fueron condenados a dos años de prisión condicional , mientras que Mauro Ariel Kalbermatten recibió una pena de tres años de prisión condicional .

Bernal fue condenado por fraude contra la Administración Pública, en 79 hechos , y violación de los deberes de funcionario público.

En el caso de Kalbermatten, la condena incluyó falsificación y uso de instrumento público falso y fraude contra la Administración Pública, también en relación con los hechos investigados.

La resolución administrativa señala que la sentencia penal estableció que las obras consignadas en la documentación no fueron ejecutadas , que existió falsificación documental y que los expedientes no habían sido incorporados al sistema informático oficial.

QUÉ RESOLVIÓ EL GOBIERNO

El decreto dispone la exoneración de Mauro Ariel Kalbermatten , único de los cuatro agentes que continúa en actividad.

En cuanto a Ubaldo Fabián Núñez, María Isabel Torres y Alcides Arístides Bernal , se ordenó registrar en sus respectivos legajos que, de haber continuado en actividad, les habría correspondido la sanción expulsiva de exoneración.

La medida administrativa se fundamentó en las responsabilidades atribuidas a cada uno dentro del circuito de contrataciones, compras, órdenes de pago y controles administrativos.

El decreto sostiene además que la condición de jubilados de tres de los involucrados no elimina la obligación de responder patrimonialmente por los daños ocasionados al Estado .

BUSCAN RECUPERAR EL DINERO

El artículo 5 del decreto ordena dar intervención a la Fiscalía de Estado  para iniciar las acciones legales que correspondan para obtener el resarcimiento del daño patrimonial.

El monto inicial fijado es de $5.243.717 , correspondiente a los pagos realizados mediante el mecanismo investigado. Esa suma deberá ser actualizada y su recupero será reclamado solidariamente a los cuatro agentes.

De esta manera, el expediente administrativo concluye con sanciones expulsivas, el registro de esas sanciones en los legajos de los agentes que ya no están activos y la apertura de una instancia destinada a recuperar los fondos que, según la investigación y la sentencia penal firme, fueron desembolsados por obras que no se realizaron .

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