La investigación apuntó contra cuatro empresas y piden suspender sus actividades
El fiscal federal Patricio Sabadini pidió extender la imputación a las sociedades por presunto lavado de activos.
La Justicia Federal avanza sobre cuatro empresas vinculadas a la cadena de gimnasios EXEN en el marco de una investigación por presunto lavado de activos de origen ilícito. El fiscal federal Patricio Nicolás Sabadini solicitó extender la acción penal a las sociedades y pidió medidas cautelares para evitar que las maniobras investigadas continúen.
Las firmas bajo investigación son EXENGYM S.R.L., RANA S.R.L., EXEN ACADEMY S.A.S. y PAMPAFITNESS S.A.S.. Según el requerimiento fiscal, habrían sido utilizadas para la "inserción, disimulación y reciclaje de fondos de origen ilícito", que podrían provenir del narcotráfico u otros delitos.
Uno de los principales elementos analizados por los investigadores es el rápido crecimiento de la cadena. Entre febrero de 2025 y julio de 2026 se habrían habilitado siete sucursales en Resistencia, Barranqueras, Puerto Tirol, Pampa del Infierno y Corrientes.
La Fiscalía sostiene que el ritmo de expansión y la inversión realizada no se corresponderían con la capacidad económica declarada por las empresas. Informes de ARCA también habrían detectado inconsistencias entre los movimientos bancarios, las adquisiciones de bienes, el capital social y la financiación externa informada.
Pedido de suspensión de actividades
El planteo contra las personas jurídicas se realizó pocos días después de que la Justicia procesara a Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal como coautores de presunto lavado de activos agravado por habitualidad. También fue procesado Jorge César Alberto Vargas, señalado como partícipe necesario.
Ante el riesgo de continuidad de las maniobras, Sabadini solicitó a la jueza federal la suspensión temporal de las actividades comerciales y de la personería jurídica de las cuatro sociedades.
Además, pidió que los representantes legales de las empresas sean citados a prestar declaración indagatoria.
La investigación continúa y será la Justicia Federal la que deberá determinar si las sociedades fueron efectivamente utilizadas para canalizar y dar apariencia lícita a fondos de origen delictivo.
