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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
 
 
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Justicia

El STJ avaló la aplicación inmediata de la nueva ley de honorarios en Chaco

El máximo tribunal anuló la declaración de inconstitucionalidad que había dictado una Cámara de Resistencia.

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco validó la aplicación inmediata de la nueva ley de honorarios profesionales y dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad que había realizado la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia.

La decisión fue tomada a través de la Sentencia Nº 385, firmada por los magistrados Alberto Mario Modi, Víctor Emilio Del Río, Emilia María Valle, Néstor Enrique Varela e Iride Isabel María Grillo. El STJ hizo lugar al recurso extraordinario presentado y ordenó devolver las actuaciones al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento.

EL ORIGEN DE LA DISCUSIÓN 

La causa comenzó con un amparo presentado por Cinthia Graciela Arnedo contra el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) y el Poder Ejecutivo, a raíz de la revocación de la autorización para ocupar una vivienda social que le había sido adjudicada mediante el programa federal Casa Propia Construir Futuro.

La Sala Cuarta, integrada por los jueces Fernando Adrián Heñin y Diego Gabriel Derewicki, había confirmado el rechazo del amparo al considerar que el reclamo debía tramitarse por la vía contencioso-administrativa.

El conflicto surgió al momento de regular los honorarios de los abogados que intervinieron en el expediente.

¿QUÉ HABÍA DECIDIDO LA CÁMARA?

En una sentencia del 5 de mayo de 2026, los camaristas resolvieron no aplicar el nuevo régimen arancelario establecido por la Ley Nº 4228-C.

La Cámara sostuvo que el artículo 3 de esa norma vulneraba garantías constitucionales porque permitía aplicar las nuevas pautas a trabajos profesionales que habían finalizado cuando todavía estaba vigente la anterior Ley Nº 288-C.

Uno de los argumentos centrales fue que el derecho de los abogados a percibir sus honorarios nace con la realización del trabajo profesional y no recién cuando un juez los regula.

Para graficar el impacto económico, la Cámara comparó ambos sistemas. Según ese cálculo, por la etapa de apelación los honorarios hubieran sido de $ 163.350 con la legislación anterior, mientras que con la nueva ley ascendían a $ 924.820.

Ante esa diferencia, que calificó como "abismal", la Cámara consideró que la aplicación inmediata del nuevo régimen podía afectar el derecho de propiedad de quien debía afrontar las costas y declaró inconstitucional el artículo 3 para ese caso concreto.

LA RESPUESTA DEL SUPERIOR TRIBUNAL

El planteo llegó al STJ mediante un recurso extraordinario presentado por Arnedo y los abogados patrocinantes.

El máximo tribunal chaqueño coincidió con el criterio de la Procuración General y entendió que la Cámara había excedido los límites que rigen el control de constitucionalidad.

En particular, el STJ señaló que si bien los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma incluso de oficio, esa facultad tiene límites.

Según el fallo, la Cámara basó la invalidez del artículo 3 de la Ley 4228-C principalmente en una valoración vinculada con la diferencia económica que surgía de aplicar uno u otro régimen.

Por ese motivo, el Superior Tribunal anuló parcialmente la sentencia de la Cámara, específicamente el punto en el que había declarado inconstitucional el artículo 3 de la nueva ley de honorarios.

QUÉ RESOLVIÓ EL STJ

Con su decisión, el máximo tribunal chaqueño hizo lugar al recurso extraordinario, dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad y ordenó que la causa vuelva a la Cámara de origen para que dicte una nueva resolución siguiendo los lineamientos establecidos por el STJ.

Además, debido a las características técnicas de la cuestión debatida, resolvió eximir de costas la instancia extraordinaria.

De esta manera, el fallo del Superior Tribunal respalda la aplicación inmediata de las nuevas pautas arancelarias en los procesos judiciales en trámite que todavía no tengan una regulación de honorarios firme, dejando atrás el criterio adoptado por la Sala Cuarta en este caso.

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