Canteros sobre la nueva Ley de Reiterancia: "El fiscal está obligado a aplicarla"
En diálogo con Diario TAG, el Procurador General estimó que no generaría una "superpoblación" de detenidos e indicó que será una herramienta para que los funcionarios judiciales puedan plantear la peligrosidad de una persona que sigue delinquiendo y cuenta con varias causas en su haber.
El procurador General del Chaco, Jorge Canteros, mantuvo una comunicación con Diario TAG y brindó su análisis sobre el impacto que podría tener la Ley de Reiterancia aprobada recientemente en la Cámara de Diputados provincial. La normativa modifica parte del Código Procesal Penal del Chaco para incorporar esta nueva figura.Los fiscales son los principales funcionarios que tendrán a disposición esta herramienta.
En primer lugar, el funcionario destacó que "esta ley nació con un profundo respaldo legislativo" al contar con 27 votos a favor. "Salió con amplio consenso y hay que aplicarla", subrayó.
El proyecto aprobado incorpora al artículo 289 bis de la Ley 965-N el concepto de "Reiterancia Delictiva" haciendo referencia a "una persona que registre más de un proceso penal en trámite en el que hubiere sido formalmente imputada en hechos reprimidos con pena privativa de la libertad", y establece que "el fiscal y/o juez deberá valorar, conjuntamente con los restantes elementos del caso, para decidir sobre la procedencia de medidas de coerción y prisión preventiva".
En este punto, Cantero diferenció esta figura del concepto de "Reincidencia", que ya estaba contemplada en la normativa vigente. "La Reincidencia requiere que haya una sentencia firme; entonces no se puede tomar como reincidente a alguien que aún está en una etapa recursiva", sostuvo.
Al respecto, explicó que el proceso para que una condena quede firme puede extenderse si la persona aplica recursos de apelación, ya sea en el ámbito provincial o federal, lo que incluso puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. A esto se suma que, en casos de delitos considerados "menores", la mayoría de las veces contemplan una excarcelación, es decir, que la persona puede seguir el proceso en libertad hasta tanto no quede firme su condena.
"¿Qué va a permitir esta ley? Que cuando alguien entra y sale de las comisarías porque comete robo con arma, comete hurtos, comete una agresión en la vía pública, esto va a poder ser utilizado por el fiscal para determinar que esa persona es peligrosa y que va a tratar de evadir la acción de la justicia.El fundamento de la ley es que alguien que tiene 5, 6 o 7 causas en un corto periodo no recupere tan rápidamente la libertad y para ello se pueda disponer una prisión preventiva", planteó Canteros.
En la misma línea, remarcó que "antes era opcional para el fiscal decidir si aplicaba o no la reincidencia, que es de orden nacional. Hoy, con esta ley de Reiterancia provincial, el fiscal está obligado a aplicarla". A su vez, consideró que recurriendo a la prisión preventiva se lograría frenar la actividad delictiva de la persona investigada.
La norma impacta directamente en el accionar de los fiscales de investigación, quienes tienen a cargo la firma y decisión de la prisión preventiva en Chaco.
FRECUENCIA DE CASOS Y POSIBLE "SUPERPOBLACIÓN" DE DETENIDOS
Sobre la frecuencia de delincuentes reincidentes, Cantero estimó: "Los casos son pocos, pero hay muchas personas. No hay una reiterancia delictiva que uno la vea todos los días, todas las semanas, en todos los equipos fiscales".
También respondió a uno de los principales cuestionamientos que legisladores de la oposición hicieron durante el debate de la Reiterancia, relacionado con la posibilidad del aumento considerable de población de detenidos en comisarías y alcaidías.
"Yo no creo que haya un aumento significativo como para que las alcaidías o las comisarías se llenen de detenidos. No pasó nunca, no creo que vaya a pasar", declaró Cantero.
Seguidamente, defendió el accionar judicial y negó la existencia de una "puerta giratoria". "Siempre defiendo que no hay puerta giratoria, porque nosotros tenemos un elevado número de personas privadas de su libertad en relación a otras provincias que tienen mayor número de habitantes. Nosotros tenemos 1.250.000 habitantes aproximadamente y tenemos 2.700 personas promedio privadas de su libertad en la provincia. Es un número altísimo", replicó.
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