Milei avanza con un decreto para aplicar expulsiones por discursos de odio
La reglamentación deberá definir cómo se determinará que una expresión encuadra en las conductas previstas. También establecerá qué organismo aportará la información, qué pruebas se exigirán y cómo se actuará si la persona ya está en el país.
El Gobierno acelera la reglamentación del DNU que permite expulsar del país a extranjeros por discursos de odio contra argentinos o por incitar a la violencia debido a su nacionalidad. La Casa Rosada busca definir cómo se aplicará la medida y qué organismos participarán de los procedimientos.
La norma, firmada por Javier Milei a fines de julio, modificó la Ley de Migraciones e incorporó esas conductas, junto con los ultrajes a los símbolos patrios, entre las causales que pueden impedir el ingreso al país o derivar en la cancelación de una residencia. "Estamos en eso", señalaron desde el Ejecutivo sobre la elaboración del nuevo decreto.
El Gobierno aclaró que la futura reglamentación no creará una nueva facultad, sino que establecerá el mecanismo para aplicar una atribución que ya fue incorporada mediante el DNU 681/2026. Según las circunstancias, la cancelación de una residencia puede derivar en una intimación para abandonar la Argentina o en una expulsión.
Uno de los principales puntos que deberá resolver el decreto es cómo se determinará que una expresión encuadra dentro de las conductas previstas. La reglamentación deberá establecer qué organismo aportará la información, qué pruebas serán necesarias, quién validará esos elementos y cómo se actuará cuando la persona involucrada ya se encuentre en territorio argentino.
El DNU también fijó límites para evitar que la medida alcance cualquier crítica al país o al Gobierno. La norma excluyó expresamente las expresiones de disenso ideológico y las críticas políticas, académicas o ciudadanas protegidas por la Constitución. Esa diferenciación será clave para definir el alcance de la nueva herramienta.
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