Diputados debate la Ley de Inocencia Fiscal II y planean darle media sanción a la medianoche
El proyecto amplía el régimen para formalizar ahorros y excluye a funcionarios de sus principales beneficios.
La Cámara de Diputados debate este miércoles el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que busca ampliar el universo de contribuyentes que pueden formalizar ahorros mantenidos fuera del sistema sin penalidades. El oficialismo confía en conseguir la media sanción por la medianoche y girar el proyecto al Senado.
La propuesta modifica el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias, vigente desde 2025, y elimina los límites de $10.000 millones de patrimonio y $1.000 millones de ingresos que regían para acceder al sistema. Se mantienen como requisitos tener residencia fiscal argentina y no estar categorizado como Gran Contribuyente Nacional.
La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, miembro informante del dictamen de mayoría, defendió la iniciativa y sostuvo que busca "confiar más en el contribuyente que trabaja y paga sus impuestos". Según explicó, el objetivo también es que ARCA concentre sus controles en aquellos casos donde existan inconsistencias relevantes.
Funcionarios, fuera de los beneficios
Uno de los cambios incorporados durante el tratamiento fue una restricción para funcionarios públicos. Quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad durante los cinco años previos podrán utilizar el sistema simplificado para presentar su declaración jurada y pagar Ganancias, pero no podrán acceder a los beneficios centrales del régimen.
La medida alcanza, entre otros, a funcionarios desde el rango de secretario de Estado, legisladores y concejales, parlamentarios del Mercosur, jueces, fiscales y defensores del Pueblo.
En esos casos no se aplicará la presunción de que lo declarado es correcto ni la protección frente a la denominada "discrepancia significativa". ARCA podrá fiscalizar las diferencias detectadas y aplicar las sanciones correspondientes.
"No nos tiembla el pulso a la hora de generar más transparencia y menos impunidad", afirmó Rodríguez Machado, quien también recordó que los funcionarios continuarán obligados a presentar sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y permanecerán alcanzados por el régimen de Personas Expuestas Políticamente.
La oposición lo cuestiona como un nuevo blanqueo
Desde Unión por la Patria rechazaron el proyecto y denunciaron que se trata de un nuevo mecanismo de blanqueo que reduce las herramientas de fiscalización del Estado.
El diputado Ariel Rauschenberger sostuvo que la iniciativa es "mucho más que una simplificación tributaria" y la calificó como un "cuasi blanqueo de dinero para operaciones inmobiliarias".
También cuestionó la reducción de las facultades de ARCA para investigar el origen de determinados fondos y advirtió sobre una "reducción deliberada de la capacidad fiscalizadora de ARCA para controlar fondos no justificados".
El proyecto contempla además una reducción del 25% en determinadas multas para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro, junto con una quita del 50% para ciertas multas anteriores que todavía no estén firmes o canceladas, siempre que se regularice el incumplimiento.
La iniciativa también limita la posibilidad de que ARCA cuestione el origen de fondos correspondientes a ejercicios anteriores, flexibiliza el criterio de "discrepancia significativa" y establece que los pagos en efectivo realizados mediante escrituras públicas son compatibles con el régimen.
Si obtiene la media sanción, Inocencia Fiscal II será girada al Senado, donde continuará su trámite legislativo.
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