Multas millonarias y días de arresto para quienes manipulen indebidamente contenidos digitales
La nueva norma incorpora sanciones al Código de Faltas para la creación y difusión no consentida de contenidos íntimos o sexuales manipulados, además de medidas para proteger a las víctimas y herramientas para investigar ciberdelitos.
El Gobierno del Chaco promulgó la Ley Nº 4250-J, que establece un nuevo régimen para prevenir y sancionar distintas formas de violencia digital, incluyendo la creación y difusión no consentida de contenidos manipulados mediante inteligencia artificial.
La iniciativa, impulsada por la diputada provincial Magda Ayala, había sido aprobada por la Cámara de Diputados el 8 de julio de 2026 y posteriormente fue promulgada por el gobernador Leandro Zdero mediante el Decreto Nº 1957/2026.
La norma incorpora al Código de Faltas sanciones específicas para quienes creen o difundan contenidos digitales manipulados sin consentimiento, utilicen identidades digitales falsas con fines de hostigamiento o desarrollen conductas que afecten la intimidad, dignidad o identidad de otras personas.
MULTAS MILLONARIAS Y DIAS DE ARRESTO
Una de las principales novedades son las sanciones económicas y de arresto previstas para este tipo de conductas.
Quien cree sin consentimiento contenidos digitales manipulados de carácter sexual o íntimo podrá recibir una multa de hasta 15 remuneraciones mensuales mínimas, vitales y móviles, que actualmente representan unos $5.649.000, o hasta 90 días de arresto.
Para quienes difundan sin consentimiento este tipo de material, la sanción podrá alcanzar las 18 remuneraciones mínimas, equivalentes actualmente a $6.778.800, además de hasta 90 días de arresto.
Las penas pueden incrementarse cuando la víctima sea una niña, niño o adolescente, una persona con discapacidad, una persona mayor o alguien en situación de especial vulnerabilidad.
También se contemplan agravantes cuando exista una relación afectiva, familiar, laboral o de confianza entre el autor y la víctima, o cuando la conducta tenga como objetivo el hostigamiento, la intimidación, el lucro, la coacción o la violencia de género.
En esos casos, las sanciones pueden llegar a 20 remuneraciones mensuales mínimas, actualmente unos $7.532.000, o hasta 120 días de arresto.
LA JUSTICIA Y EL CONTENIDO
La legislación también incorpora herramientas destinadas a proteger rápidamente a las víctimas.
Un juez podrá ordenar, de oficio o a pedido de la persona damnificada, la eliminación inmediata del contenido, la prohibición de contacto digital con la víctima, restricciones temporales para utilizar determinadas plataformas y la publicación de una rectificación o aclaración sobre el carácter falso o manipulado del material.
Además, se podrán disponer medidas urgentes para bloquear preventivamente o eliminar de manera provisional contenidos, preservar registros y asegurar evidencia digital que pueda ser utilizada durante una investigación.
La ley establece que estas medidas deberán resolverse en un plazo máximo de 24 horas desde su solicitud, mediante una decisión fundada y bajo criterios de legalidad, razonabilidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad.
NUEVAS HERRAMIENTAS
La Ley Nº 4250-J también modifica aspectos del Código Procesal Penal para fortalecer las investigaciones relacionadas con delitos cometidos mediante herramientas digitales.
Entre las nuevas herramientas se contempla la preservación de evidencia digital, medidas cautelares específicas, la posibilidad de realizar denuncias por medios electrónicos y la capacitación de operadores judiciales.
También se establecen mecanismos para preservar datos, regular la cadena de custodia y disponer medidas sobre cuentas digitales, plataformas de pago y contenidos alojados en sitios web, siempre que existan elementos suficientes que los vinculen con una investigación penal.
QUÉ PASA CON LA LIBERTAD DE EXPESIÓN
La norma establece expresamente que sus disposiciones deberán aplicarse con perspectiva de Derechos Humanos y en resguardo de la libertad de expresión.
Además, aclara que ninguna de sus disposiciones podrá interpretarse como una restricción previa a la actividad periodística, académica, artística, científica o de interés público.
De esta manera, el nuevo régimen apunta específicamente a las conductas de manipulación y difusión no consentida que puedan vulnerar derechos individuales, mientras establece límites para evitar que las nuevas herramientas sean utilizadas como mecanismos de censura previa.
