Diego Rolón deberá pagar una multa de $ 2.767 millones y perderá casi todos sus bienes
La justicia fijó la multa que deberá pagar uno de los piqueteros VIP y sus distintos familiares en la causa de lavado de activos. Perderá vehículos, bienes de alta gama y hasta electrodomésticos.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia fijó en $ 2.767.027.650 la multa que deberá pagar Diego Armando Rolón, condenado a cinco años y seis meses de prisión por lavado de activos agravado por habitualidad y organización. Además, ordenó el decomiso de una serie de vehículos, dinero y bienes que, según el fallo, fueron adquiridos con fondos provenientes de maniobras ilícitas vinculadas a fraudes contra el IAFEP.
La resolución fue firmada este viernes 21 de agosto por el juez de Cámara Juan Manuel Iglesias y surge de un incidente complementario de la causa principal. El expediente tenía como objetivo determinar el destino de los bienes secuestrados durante la investigación y establecer los montos definitivos de las multas impuestas en la sentencia condenatoria N° 97/2025, que se encuentra firme.
EL CASO
En diciembre de 2025, el Tribunal Oral Federal había condenado a Diego Armando Rolón a cinco años y seis meses de prisión como autor del delito de "Lavado de Activos", agravado por la habitualidad y por haberse concretado de manera organizada.
En esa misma sentencia, Silvana Alicia García y Lorenzo Rolón fueron condenados a tres años de prisión de cumplimiento condicional, en ambos casos como partícipes secundarios del mismo delito. El fallo estableció además multas equivalentes a tres veces el monto de las operaciones ilícitas para Rolón y a dos veces para los otros dos condenados.
Ahora, con la sentencia firme, el tribunal avanzó sobre las consecuencias patrimoniales de aquella condena. Para determinar las multas y los bienes alcanzados por el decomiso intervinieron el Ministerio Público Fiscal, la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB). La Unidad de Información Financiera (UIF) prestó conformidad con las liquidaciones y con el listado de bienes.
UNA MULTA DE MÁS DE $2.767 MILLONES
El monto que impacta directamente sobre Rolón es de $ 2.767.027.650. Se trata de tres veces el monto de las operaciones de lavado que fueron acreditadas en la causa.
La resolución también fijó multas para los otros dos condenados: $ 30.515.554 para Lorenzo Rolón y $ 5.040.000 para Silvana Alicia García. Los montos deberán ser destinados a la UIF y el pago deberá hacerse efectivo dentro de los 30 días de que el nuevo resolutorio quede firme.
El tribunal tomó como base la liquidación elaborada por el Ministerio Público Fiscal con colaboración de los organismos especializados en recuperación de activos.
BIENES DE ALTA GAMA
Entre ellos quedaron dos iPhone 14 y dos teléfonos Samsung de la serie A50/S. El tribunal entendió que sus valores de mercado los alejaban de la categoría de herramientas básicas de comunicación.
También se ordenó el decomiso de televisores de mayor tamaño y jerarquía técnica. El fallo contabilizó 13 televisores entre los dos domicilios allanados, incluyendo equipos de 42, 43 y 50 pulgadas de marcas BGH, Noblex y Samsei.
Para los magistrados, la cantidad de estos aparatos dentro del mismo entorno familiar evidenciaba un nivel de consumo suntuario que no se correspondía con los ingresos legales declarados.
LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS Y EL PATRIMONIO
Uno de los puntos centrales del fallo es la desproporción que los magistrados encontraron entre los ingresos oficiales de Rolón, García y Lorenzo Rolón y el patrimonio que lograron acumular durante el período investigado.
Según la resolución, los tres eran empleados municipales que no superaban, en el mejor de los casos, los $ 571.459 mensuales. Sin embargo, la investigación detectó inversiones millonarias en dólares, vehículos de alta gama, camiones y mejoras edilicias de lujo.
BIENES NO DECOMISADOS
El tribunal hizo lugar parcialmente al planteo de la defensa de Rolón y entendió que determinados bienes de uso cotidiano debían ser restituidos.
Los jueces ponderaron el deber legal de decomisar los bienes provenientes del delito frente a la protección de la dignidad humana y de la familia, especialmente por la presencia de menores en los domicilios allanados.
Por ese motivo, ordenaron devolver elementos como juegos de living, mesas, sillas, camas, placards y muebles de cocina. También quedaron fuera del decomiso distintos electrodomésticos considerados esenciales, entre ellos heladeras, freezers, cocinas, microondas, ventiladores, aires acondicionados e impresoras.
Además, se dispuso la restitución de algunos televisores y teléfonos celulares de menor valor, entre otros objetos de uso doméstico.
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