Belgrano Cargas: cómo es el filtro que deja afuera a empresas controladas por otros Estados
El Gobierno incorporó una condición especial en el pliego de privatización que impide participar a compañías bajo control directo o indirecto de gobiernos extranjeros. Aunque se la conoce como "cláusula anti-China", la restricción alcanza a empresas estatales de cualquier país.
El Gobierno incorporó una condición particular en la licitación para privatizar el Belgrano Cargas : las empresas controladas por gobiernos extranjeros no podrán competir por la concesión de las vías ferroviarias.
La medida fue incluida en el pliego publicado este jueves en el Boletín Oficial y funciona como un filtro para impedir que compañías estatales o controladas por otros Estados puedan quedar al frente de una infraestructura considerada estratégica para el país.
Aunque dentro del proceso se la conoce como la "cláusula anti-China" , el texto no menciona específicamente a ese país. La restricción tiene un alcance más amplio y comprende a sociedades cuyo control esté en manos, de manera directa o indirecta, de un Estado extranjero.
CÓMO FUNCIONARÁ LA RESTRICCIÓN
El criterio establece que no podrán participar de la licitación empresas cuyo control corresponda a Estados soberanos extranjeros , organismos públicos, compañías estatales o sociedades vinculadas con esos gobiernos.
La condición también contempla estructuras societarias en las que el control estatal no sea evidente a primera vista. Es decir, una compañía podría quedar excluida aunque el gobierno extranjero no figure directamente como accionista, si puede determinarse que ejerce el control a través de otras empresas.
De esta manera, el Gobierno busca establecer un límite desde el inicio del proceso: las empresas interesadas deberán acreditar que cumplen con las condiciones establecidas en el pliego para poder competir por la concesión.
La cláusula tampoco supone una prohibición para todas las compañías extranjeras. Una empresa privada de otro país podrá participar siempre que no se encuentre bajo control directo o indirecto de un gobierno extranjero y cumpla con los demás requisitos de la licitación.
MEDIDA QUE APUNTA ESPECIALMENTE A CHINA
El término "anti-China" surgió porque la restricción limita particularmente la posibilidad de que empresas estatales chinas puedan quedarse con la operación de una red ferroviaria estratégica.
China cuenta con compañías estatales o vinculadas al Estado con participación internacional en proyectos de infraestructura, transporte, energía y logística. Por eso, el Gobierno considera relevante evitar que una empresa controlada por otro Estado pueda obtener el manejo de una infraestructura de estas características.
Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, la cláusula no está dirigida exclusivamente contra empresas chinas . El mismo criterio podría aplicarse a compañías controladas por cualquier otro gobierno extranjero.
La administración de Javier Milei ya utilizó condiciones similares en otros procesos vinculados con infraestructura estratégica, entre ellos la concesión de la Hidrovía y el proyecto de transporte eléctrico AMBA I.
UNA CONSECIÓN POR 50 AÑOS
La licitación contempla la concesión durante 50 años de las vías y los inmuebles vinculados con las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.
La red ferroviaria involucrada alcanza unos 7.594 kilómetros y atraviesa 16 provincias , por lo que se trata de uno de los principales procesos de concesión de infraestructura ferroviaria impulsados por el Gobierno.
El esquema contempla además un modelo de "open access" , mediante el cual el concesionario tendrá a su cargo la infraestructura, pero otras empresas podrán utilizar las vías a cambio del pago de un peaje.
La competencia tampoco estará determinada simplemente por quién ofrece más dinero al Estado. Las empresas deberán presentar propuestas que combinen inversiones comprometidas y el valor del peaje que pretenden cobrar por el uso de las vías.
El Gobierno estima que el proceso podría movilizar alrededor de US$1.000 millones en inversiones para las tres líneas y contempla, además, la posibilidad de que determinados proyectos accedan a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Así, la denominada "cláusula anti-China" se convierte en uno de los puntos centrales del proceso: abre la puerta a capitales privados extranjeros, pero establece un límite concreto para evitar que otros Estados tengan el control directo o indirecto de la infraestructura ferroviaria .
