Inicia el juicio contra tres de los acusados de lavar dinero en la causa de Carbón Blanco

El Tribunal Oral Federal de Resistencia iniciará el próximo 4 de septiembre el juicio contra Sergio Daniel Salomone, Viviana Tejero y Leopoldo Daniel Carrena, acusados de haber participado en maniobras destinadas a introducir en el mercado bienes provenientes de actividades ilícitas. Los tres fueron señalados como personas de confianza de Carlos Salvatore, quien lideró la organización narcocriminal investigada en la causa conocida como "Carbón Blanco".

El debate estará a cargo de los jueces Jorge Sebastián Gallino, Mariela Emilce Rojas y Eduardo Rodrígues Da Costa. El juicio estaba previsto inicialmente para el 7 de agosto, pero fue postergado a pedido de una de las defensas. Por el Ministerio Público Fiscal intervendrá el fiscal general Federico Carniel, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por Diego Velasco.

LOS IMPLICADOS

Salomone, Tejero y Carrena llegan al juicio en libertad, aunque con diferentes imputaciones. Los dos primeros están acusados de integrar una asociación dedicada a poner en circulación bienes provenientes de hechos ilícitos por un monto de 300 mil pesos, mediante negocios jurídicos simulados que buscaban darles apariencia de legalidad.

"Se puede concluir que los fondos invertidos por los imputados provenían de operaciones internacionales de narcotráfico", sostuvo el fiscal Carlos Amad en el requerimiento de elevación a juicio. En ese documento, les atribuyó a Salomone y Tejero la adquisición de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires y Villa Gesell, además de haber recibido, tras la muerte de Salvatore, dinero correspondiente a una póliza radicada en la Isla de Man.

En tanto, Carrena está acusado como coautor del delito de lavado de activos de origen delictivo, agravado por la habitualidad, la actuación en banda y la intervención de personas de existencia ideal. Según la investigación, dentro de la estructura liderada por Salvatore se encargaba de crear sociedades en Estados Unidos y diseñar la ingeniería financiera utilizada para canalizar las ganancias obtenidas por la organización mediante operaciones de compra y venta de activos.

La acusación sostiene que Carrena llegó a constituir 42 empresas para llevar adelante las maniobras. Una vez creadas, las sociedades eran utilizadas para blanquear bienes "logrados del delito precedente para otorgarle una apariencia de legalidad". También se le atribuyen operaciones inmobiliarias simuladas de compra y venta destinadas a legitimar los activos.

 "Se encuentra acreditado que el encartado ha realizado una multiplicidad de maniobras de lavado durante un lapso relativamente extenso de tiempo. Esta circunstancia muestra la ‘habitualidad’ en su comportamiento, exteriorizada en la continuidad o repetición de las acciones delictivas reprochadas, en gran medida contemporáneo a la generación de rédito económico obtenido a través del contrabando de narcóticos, y la permanencia en la administración de los activos detectados", se señaló en el requerimiento.

Salomone y Tejero fueron elevados a juicio oral en abril de 2023, mientras que la elevación de Carrena se concretó en mayo de 2024. Finalmente, el Tribunal Oral Federal resolvió unificar las causas en noviembre de ese mismo año.

LA CAUSA 

La causa tiene como antecedente la denominada operación "Carbón Blanco", por la que Salvatore fue condenado en 2015 a 21 años de prisión. La Justicia lo consideró organizador de una asociación ilícita que en 2012 logró enviar más de una tonelada de cocaína hacia Portugal y España, oculta en contenedores que transportaban carbón vegetal.

Salvatore murió en mayo de 2018 a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras permanecía internado en el Hospital Argerich, en el barrio porteño de La Boca. Su fallecimiento ocurrió durante el proceso judicial por las maniobras de lavado de activos atribuidas a la organización.

En marzo de 2019, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a distintos integrantes de la estructura con penas de hasta nueve años de prisión. Entre ellos estuvieron la esposa de Salvatore, Silvana Susana Vallés, y su suegro, Santiago Vallés Ferrer, quienes recibieron siete años de prisión.

Por su parte, Ricardo Gassan Saba, socio de Salvatore, fue condenado a nueve años. La hija del fallecido líder, Carla Yanina Salvatore D’Ursi, fue absuelta durante aquel debate, aunque posteriormente recibió una condena en abril de 2025, en el marco de un proceso de reenvío.

En aquel juicio por lavado de activos intervino el fiscal general Federico Carniel, junto con representantes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Ahora, el Tribunal Oral Federal de Resistencia volverá a analizar las maniobras atribuidas a otros tres integrantes vinculados a la estructura de Salvatore.

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