Los alegatos por el juicio de "Facturas Truchas" continuarán el 18 de agosto
Tras la finalización de una nueva audiencia donde comenzaron los alegatos en el juicio que investiga una asociación ilícita, las mismas retomarán el próximo martes.

Los alegatos del juicio por la causa conocida como "Facturas Truchas" continuarán el próximo 18 de agosto, luego de una extensa jornada en la que representantes de ARCA expusieron ante el tribunal los elementos que, según la acusación, sostienen la existencia de una presunta estructura destinada a cometer delitos tributarios, defraudar al Estado y lavar dinero.
Durante la audiencia, uno de los principales focos estuvo puesto en Fernando Ayala, a quien ARCA señaló como presunto jefe u organizador de una asociación ilícita fiscal junto al contador Walter Pasko.
La querella sostuvo que Ayala habría utilizado fundaciones y cooperativas como estructuras para generar facturación y canalizar fondos, y mencionó que entidades vinculadas a él habrían facturado en conjunto más de $817 millones al IAFEP entre 2019 y 2023.
También se expusieron presuntas inconsistencias patrimoniales. En el caso de Ayala y su esposa, María José Reinau, ARCA marcó diferencias entre los ingresos declarados y la adquisición de vehículos e inmuebles durante el período investigado.
Entre las operaciones mencionadas, se destacó un inmueble valuado en aproximadamente US$180.000, que según la acusación habría sido registrado por $6 millones y abonado en efectivo.
En relación con Pasko, la querella planteó que sus gastos, adquisiciones y patrimonio no se corresponderían con los ingresos declarados. En ese marco, mencionó cinco propiedades, dos vehículos y diez viajes al exterior entre 2018 y 2022, incluidos viajes a Europa, Estados Unidos y Centroamérica.
ARCA también hizo referencia a la oficina ubicada en Liniers 225, que según la acusación habría funcionado como una "fábrica de cooperativas", donde se concentraba documentación vinculada a distintas entidades investigadas.
Los representantes del organismo sostuvieron que estos elementos deben analizarse dentro de una hipótesis más amplia sobre la utilización de facturas apócrifas para obtener fondos del Estado y un eventual proceso posterior de incorporación de dinero de presunto origen ilícito al circuito legal.
