ARCA apuntó a Fernando Ayala y lo ubicó como uno de los jefes de una presunta asociación ilícita fiscal

Durante los alegatos del juicio por la causa de las "facturas truchas", ARCA puso el foco en el rol que habría desempeñado Fernando Ayala y sostuvo que fue una pieza fundamental de una presunta asociación ilícita fiscal, junto con el contador Walter Pasko. Según la acusación, ambos habrían encabezado estructuras diferenciadas destinadas a cometer delitos tributarios y defraudar al Estado.

Uno de los principales ejes del planteo estuvo relacionado con la creación y manejo de fundaciones y cooperativas. ARCA sostuvo que Ayala habría utilizado estas entidades como "pantallas" para evadir impuestos y perjudicar al Estado provincial, además de funcionar como verdaderas "usinas" de facturación. La querella consideró que el acusado tenía la capacidad de crear personas jurídicas de manera sucesiva, con estructuras y participantes que se repetían.

"Ayala utilizaba estas fundaciones para traer a personajes político debido a su condición de piquetero", agregaron desde el ARCA y a la vez, mencionaron que "así captaba a la gente que sin saber, integraban las fundaciones".

Según la acusación, Ayala habría aprovechado sus vínculos políticos y su condición de piquetero para captar personas de distintos barrios. Muchas de ellas, de acuerdo con el planteo de ARCA, habrían sido incorporadas a las fundaciones sin conocer el verdadero funcionamiento de las entidades. La querella señaló que los nombres de esas personas se intercalaban en las distintas organizaciones investigadas.

"La conformación y el manejo de las fundaciones eran por las mismas personas, las fechas de contratos sociales, todo se repite. Era Ayala quien podía crear estas fundaciones como si fueran una fábrica", manifestaron.

En ese sentido, ARCA recordó que Ayala declaró durante el juicio que comenzó a trabajar a los 13 años y que siempre estuvo relacionado con cooperativas. La acusación también planteó interrogantes sobre la oficina que utilizaba en un inmueble perteneciente a su hermana y que, según se expuso, estaba relacionado con varias de las fundaciones investigadas.

Otro de los puntos señalados fue la existencia de una oficina que anteriormente funcionaba como peluquería y que, para la querella, habría operado como una fachada. El lugar estaba vinculado a la hermana de Ayala, quien además figuraba como titular de una de las fundaciones. Para ARCA, desde allí se habría organizado parte de la creación y funcionamiento de las entidades.

La querella también hizo referencia al hallazgo de sellos vinculados a distintas entidades de Gobinerno. En ese contexto, cuestionó por qué determinados sellos se encontraban fuera de los lugares donde legalmente debían realizarse y certificarse las actuaciones.

Según el planteo realizado durante el alegato, de la oficina vinculada a Ayala salían las carpetas completas de las fundaciones y cooperativas. "La carpeta completa salía de ahí", sostuvo la acusación al describir una operatoria en la que se preparaba la documentación para luego ser presentada ante el IAFEP, donde era controlada y finalmente firmada por un familiar político de una de las personas involucradas.

ARCA indicó que toda la documentación se encontraba en la oficina ubicada en Liniers 225. El lugar fue allanado durante la investigación y, según la querella, cuando volvió a ser registrado, la denominada "fábrica de cooperativas" continuaba funcionando. Para la acusación, ese elemento reforzaría la hipótesis de una estructura destinada a crear y utilizar personas jurídicas de manera sistemática.

La querella sostuvo que Ayala no solo habría participado en la creación de las entidades, sino también en su funcionamiento, lo que le habría permitido tener acceso al dinero que recibían. En ese punto, detalló la facturación atribuida a distintas organizaciones en las que, según ARCA, tuvo intervención.

Entre ellas mencionó a Brilla Mujer, que habría facturado al IAFEP $ 17.664.001 durante 2022 y $ 129.432.491 en 2023. También señaló a la Fundación Insertarte, con $ 2.875.853 facturados en 2021, $ 1.150.000 en 2022 y $ 22.136.498 en 2023.

La lista continuó con la Cooperativa de Trabajo La Solidaridad es Mi Mundo, que habría facturado $ 84.836.498 en 2023, y la Cooperativa Siempre Brillando, con $ 18.836.498. En tanto, Elección de Vida habría registrado $ 811.806 en 2019, $ 3.877.965 en 2020, $ 53.836.920 en 2022 y $ 71.303.245 en 2023.

También se incluyó a la Cooperativa de Trabajo Unidas Cambia, que según ARCA facturó $ 3.682.684 en 2019, $ 2.659.872 en 2020, $ 3.702.361 en 2021, $ 6.936.000 en 2022 y $ 2.550.000 en 2023. Finalmente, se mencionó a Feraya SAS, que habría facturado $ 7.257.054 en 2021.

De acuerdo con el cálculo presentado durante el alegato, las entidades vinculadas a Ayala habrían facturado en conjunto $ 817.562.322 solamente al IAFEP. Para la querella, esos fondos estaban destinados a fines sociales, pero parte del dinero habría terminado incorporado a patrimonios particulares.

ARCA afirmó que, a su criterio, quedó probado que entre 2019 y 2023 Ayala integró la presunta asociación ilícita fiscal en carácter de jefe u organizador. La acusación sostuvo que se encargaba de crear personas jurídicas de manera sucesiva y continua, como una "fábrica", utilizando oficinas, domicilios y fachadas para facilitar las maniobras investigadas.

La querella también vinculó esa actividad con un supuesto incremento patrimonial del matrimonio conformado por Ayala y María José Reinau. En particular, mencionó movimientos en efectivo, dólares y billeteras virtuales, además de la adquisición de bienes durante el período investigado.

En cuanto a los ingresos declarados, ARCA indicó que Ayala registró una facturación de $ 3.443.195 en 2021, no declaró facturación en 2022 y alcanzó $ 21.070.000 en 2023. Reinau, por su parte, habría declarado $ 410.000 en 2021, $ 360.000 en 2022 y $ 100.000 en 2023. En total, según los datos expuestos, Ayala declaró $ 24.513.195 y Reinau $ 870.000.

Frente a esos ingresos, la querella destacó que entre 2019 y 2023 la pareja habría adquirido cuatro automóviles y seis inmuebles. También mencionó una operación inmobiliaria por un bien valuado en aproximadamente US$ 180.000, que habría sido registrado por solo $6 millones y cuyo pago, según ARCA, se realizó en efectivo.

Para la acusación, la diferencia entre los ingresos declarados, la facturación de las entidades y el patrimonio adquirido constituye uno de los elementos centrales para sostener su hipótesis. En ese marco, ARCA afirmó que Ayala habría tenido pleno conocimiento de la operatoria y lo ubicó, junto con Pasko, como uno de los jefes de la presunta organización investigada.

Una vez finalizado los alegatos de hoy, los cuales continuarán el martes 18 de agosto, ARCA solicitó 15 años de prisión efectiva para el contador Walter Antonio Pasko y la misma pena para Fernando Adrián Ayala, apuntados como los jefes y coorganizadores de la asociación ilícita. Por su parte, para el resto de los acusados, pidieron penas de entre 3 y 6 meses a 9 años de cárcel. 

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