"La jueza tiene en sus manos el destino de 80 familias": empleados de EXEN piden reabrir tres sucursales
El abogado que representa a los empleados presentó una medida cautelar ante la Justicia Federal. Solicitan intervenir una de las cuatro sociedades investigadas para mantener operativas las sedes y preservar los puestos de trabajo.
Los trabajadores de EXEN volvieron a concentrarse este viernes frente a la Cámara Federal N° 1 de Resistencia para acompañar una nueva presentación judicial destinada a preservar sus puestos de trabajo.
El abogado que representa a los empleados, doctor Sinkovich, explicó que presentó una medida cautelar autónoma dentro del expediente penal que investiga a las sociedades vinculadas a la empresa.
El pedido apunta a que la Justicia disponga la intervención judicial de una de las cuatro sociedades investigadas, específicamente la que tiene la titularidad de las sucursales ubicadas en Arturo Illia, Avenida Las Heras y Santiago del Estero.
Según explicó el abogado, en esas tres sedes las máquinas continúan allí pese al inventario realizado, por lo que consideran que todavía existe la posibilidad de ponerlas nuevamente en funcionamiento.
QUÉ PIDE LA MEDIDA
La presentación propone que la sociedad sea administrada judicialmente y que se designe como administrador a un empleado de la propia empresa que es contador público y que ya se encargaba de tareas vinculadas con la liquidación de sueldos, bancos y otras cuestiones administrativas.
Además, los trabajadores solicitaron la designación de dos veedores públicos: uno propuesto por ARCA y otro por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo, a través de la Secretaría de Empleo.
La intención, según explicó Sinkovich, es que la actividad pueda continuar bajo monitoreo judicial, con controles sobre el funcionamiento de la empresa.
"Lo que pedimos es que una de esas cuatro sociedades sea intervenida, es decir, que se pueda seguir operando", explicó el abogado.
BUSCAN PRESERVAR PUESTOS DE TRABAJO
La presentación fue acompañada inicialmente por cerca de 40 empleados, aunque el representante legal sostuvo que, si la medida es aceptada y las sucursales vuelven a funcionar, podrían incorporarse los demás trabajadores.
En ese sentido, los empleados acordaron una organización interna para trabajar en tres sucursales, con una distribución equitativa de las horas y de la carga laboral, de manera que todos puedan mantener un sustento.
El abogado remarcó además que la situación de los trabajadores se mantendría en las mismas condiciones laborales actuales, aunque bajo una empresa intervenida y con controles judiciales.
EL PEDIDO PARA LEVANTAR EMBARGOS
Uno de los puntos centrales de la medida es que se levanten los embargos y las medidas cautelares económicas sobre las cuentas bancarias de la sociedad cuya reapertura se solicita.
La propuesta contempla que las otras sociedades investigadas continúen con las medidas cautelares vigentes.
"Las demás, por ejemplo Corrientes o el interior de la provincia, nosotros pedimos que sigan como están", explicó Sinkovich.
En caso de autorizarse la intervención, la sociedad podría volver a operar y realizar los pagos correspondientes, aunque el administrador debería rendir cuentas de los movimientos económicos ante la Justicia.
"NO SOLO ES UNA SOLUCIÓN PARA LOS EMPLEADOS"
El abogado también sostuvo que la continuidad de la actividad podría contribuir a preservar el valor de la propia empresa mientras avanza la investigación penal.
En ese sentido, señaló que, si eventualmente existiera una sentencia condenatoria y correspondiera el decomiso de bienes, mantener operativa la empresa permitiría conservar el valor de esos activos.
"Esto no solo es una solución para los propios empleados, sino también mantener el valor de una empresa que posiblemente pueda ser decomisada por el Estado en caso de haber una sentencia", afirmó.
Sinkovich recordó además que las personas investigadas mantienen, mientras no exista una sentencia firme, el principio de inocencia establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
LA JUSTICIA DEBE DEFINIR
La medida quedó ahora en manos de la jueza Zunilda Niremperger, quien deberá analizar el planteo.
El abogado consideró que, por tratarse de una medida cautelar y existir derechos constitucionales que, según la presentación, estarían afectados, podría resolverse con rapidez. No obstante, estimó que la magistrada podría darle intervención al fiscal que lleva adelante la investigación penal antes de tomar una decisión.
Mientras esperan una respuesta, los trabajadores mantienen la incertidumbre sobre su situación laboral y económica.
"Estamos llamando a las autoridades judiciales a pedirles que esto se resuelva lo antes posible", sostuvo Sinkovich, quien remarcó que los empleados necesitan saber si podrán volver a sus puestos o deberán comenzar a buscar otras alternativas laborales.
El abogado también señaló que la situación alcanza directamente a cerca de 80 trabajadores y sus familias, y que la presentación judicial busca evitar que el cierre de las sucursales termine afectando definitivamente sus fuentes de ingresos.
