El fiscal Amad busca procesar a Capitanich y Soneira por el delito de lavado de activos
Según el Ministerio Público Fiscal, existió una maniobra orquestada para defraudar a la administración pública mediante la adjudicación de miles de hectáreas.
El fiscal general Carlos Amad presentó un contundente recurso de apelación en la causa contra la exministra Marta Soneira y el exgobernador Jorge Capitanich. El funcionario judicial busca revertir la decisión de un juez que evitó procesarlos por lavado de activos y malversación de fondos públicos.
Según el Ministerio Público Fiscal, existió una maniobra orquestada para defraudar a la administración pública mediante la adjudicación de miles de hectáreas. Estas tierras fiscales habrían beneficiado directamente al esposo de Soneira, Mauricio Cian, y a sus socios comerciales. El recurso es contra la resolución emitida el pasado 16 de julio de 2026 por el juez federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Fernando Carbajal,
A través de las empresas Grupo Pampa Agro y Pampa Semillas, este grupo logró concentrar más de 3.000 hectáreas en la provincia. El fiscal Amad criticó duramente la interpretación del magistrado de primera instancia, asegurando que se omitió analizar la maniobra completa.
"No es correcta la descripción que efectúa, debo aclarar que la adquisición en si de tierras fiscales no es "per se" la única acción o conducta analizada en este caso para considerar el delito de lavado", argumentó el fiscal.
En la misma línea, el fiscal a cargo del caso mencionó en su escrito: "Este Ministerio Público Fiscal no consiente la resolución, por considerar que la decisión no valora ni lógica ni adecuadamente los hechos atribuidos a los encartados, ello en relación con la abundante prueba presentada y analizada por esta Fiscalía".
Además de las tierras, el fiscal destacó que los acusados "se vieron favorecidos por otros beneficios y ayudas como las exenciones en impuestos y beneficios industriales". Estos subsidios provinciales permitieron a las firmas justificar millonarios ingresos ante los organismos de control.
Es preciso destacar que, el exgobernador Jorge Milton Capitanich es señalado en el dictamen como un partícipe necesario para la concreción del delito. La firma de resoluciones y decretos por parte del mandatario otorgó la figura de legalidad necesaria para que prosperara cada maniobra defraudatoria.
Además, en el escrito de nueve páginas expuso que, en un primer término, "se señaló correctamente cuál fue la ganancia obtenida de la maniobra de lavado".
Seguido, el fiscal destaco que, en particular, a las empresas conformadas por los señores Cian, Storti, Bessone y Pochón —el primero, cónyuge de la ministra de Ambiente y Desarrollo y presidente del Instituto de Colonización— les fueron adjudicadas, mediante beneficios sustanciales en la tramitación de las mismas, grandes proporciones de tierras fiscales, más de 3.000 hectáreas, sobre las cuales luego canalizaron sus ganancias.
"Que ese crecimiento se reflejó en sus estados contables, los cuales no fueron negados por los imputados; solo dijeron al respecto que siempre manejaron grandes caudales de dinero. Sin embargo, lo cierto es que el crecimiento exponencial se vio luego de que se adjudicaran irregularmente tierras fiscales".
Luego, contradijo al juez y respondió la resolución. "Es el propio juez quien, con su ejemplo, niega su premisa de análisis, lo que claramente lo torna ilógico a la luz de las pruebas y del razonamiento integral que debe hacerse de ellas".
A la vez, el texto menciona que el marcado "crecimiento económico-patrimonial quedó demostrado por los propios imputados cuando el grupo formado por Pochón, Storti y Bessone resultó favorecido con distintos beneficios de parte del Gobierno de la Provincia, a través de un Convenio de Promoción Industrial".
