Inocencia Fiscal II: Diputados dio dictamen tras excluir a los funcionarios
La Libertad Avanza incorporó una restricción que deja fuera de los beneficios a funcionarios y legisladores que hayan ocupado cargos en los últimos cinco años. El proyecto se debatirá en el recinto el 26 de agosto.
La Cámara de Diputados emitió dictamen favorable para el proyecto de Inocencia Fiscal II, luego de que La Libertad Avanza incorporara una exclusión explícita para funcionarios públicos. La modificación permitió al oficialismo reunir las firmas de los bloques aliados y avanzar con la iniciativa, que será debatida en el recinto el 26 de agosto.
El dictamen fue aprobado en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, presididas por Alberto "Bertie" Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.
La principal modificación establece que no podrán acceder a los beneficios del régimen quienes hayan ejercido determinados cargos públicos durante los cinco años anteriores a la adhesión.
La restricción alcanza a funcionarios con jerarquía no inferior a secretario de Estado en los ámbitos nacional, provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires; legisladores nacionales, provinciales, porteños y concejales; parlamentarios del Mercosur; magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público; defensores del Pueblo y sus adjuntos; y miembros del Consejo de la Magistratura y de Jurados de Enjuiciamiento.
El proyecto establece además que quienes estén comprendidos en esa exclusión podrán utilizar el sistema simplificado únicamente para presentar la declaración jurada de Ganancias y pagar el saldo correspondiente. No podrán acceder a la presunción de exactitud, la liberación de fiscalizaciones ni otros beneficios tributarios del régimen.
Cambios para contribuyentes y PyMEs
Además de la exclusión de funcionarios, el dictamen incorpora modificaciones al régimen tributario. Entre ellas, establece una reducción permanente del 25% en las multas formales previstas para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.
También mantiene una reducción del 50% para determinadas multas formales cometidas con anterioridad, siempre que se subsane el incumplimiento y el contribuyente se allane.
El proyecto fija además un criterio para determinar cuándo existe una discrepancia significativa que permita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) rechazar una declaración simplificada. La diferencia deberá representar un incremento del impuesto o una reducción de quebrantos de al menos 15%, o superar el monto establecido por el Régimen Penal Tributario.
A su vez, se eliminan los límites patrimoniales y de ingresos que establecía la versión original. De esta manera, el régimen quedaría abierto a las personas humanas, con excepción de los Grandes Contribuyentes Nacionales, que no accederían a las presunciones ni a los efectos liberatorios previstos.
El antecedente que complicó las negociaciones
La exclusión de funcionarios estuvo vinculada a las objeciones planteadas por los bloques aliados a partir del caso del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, quienes habían reconocido tener dólares no declarados y adherido al régimen simplificado de Ganancias mientras enfrentaban una investigación por enriquecimiento ilícito.
Durante el plenario, Rodríguez Machado sostuvo que la exclusión alcanza tanto a quienes actualmente ejercen cargos públicos como a quienes los hayan desempeñado durante los cinco años anteriores.
El texto será tratado junto con el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El oficialismo buscará su aprobación en Diputados el 26 de agosto para luego continuar el trámite en el Senado.
