Caso Álvarez Guardia: ordenan a la querella y abogados defensores la no difusión de material
La medida fue firmada por la fiscal González de Pacce, integrante del Equipo Fiscal Especial que lleva adelante la investigación del crimen.
A través del Expediente N° 22342/2026-1, la fiscal Ana González de Pacce instó a la querella y a los abogados defensores en la causa que investiga el homicidio de Julián Álvarez Guardia a mantener la "reserva parcial de las actuaciones y la confidencialidad de la prueba" y a la vez la "abstención de difusión y publicación" de cualquier contenido del expediente.
La medida se limita exclusivamente a las partes intervinientes y, según expuso la fiscal, responde a la "necesidad de resguardar el adecuado desarrollo de la investigación penal en curso, así como los derechos personalísimos involucrados". En este sentido, la resolución alcanza a los abogados Pablo Vianello y Juan Arregín, representantes de la familia de la víctima, así como a Celeste Segovia y Rodrigo Maidana Ladu, defensores de Victoria Luz Cantero, la única acusada del crimen.
Pacce tiene a cargo la investigación del caso junto al fiscal Martín Bogado.
LA MEDIDA
Al inicio del documento, la fiscal señala haber tomado conocimiento a través de los medios de comunicación de que las partes intervinientes "tanto defensores como querellante, han difundido y difunden actos y constancias de la investigación, que afectan la imagen de quienes resultan víctimas". Además, sostuvo que estas acciones "pueden afectar el normal desarrollo de la investigación penal preparatoria".
También, remarca que el hecho investigado es de "extrema gravedad" y que requiere "extremar los recaudos en la protección de su dignidad, memoria y la de sus familiares", en referencia a la víctima, Julián Álvarez Guardia.
En este marco, cito la Ley N°27372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. Entre otros puntos, la normativa establece el derecho de las víctimas y sus familiares a "un trato digno y respetuoso", incluyendo "la preservación de su intimidad y evitación de exposiciones indebidas". En consonancia, la fiscal sostiene que este derecho "se vería gravemente afectado ante la eventual difusión de imágenes o material sensible obrante en el expediente".
De la misma forma, señala que la divulgación del contenido de la causa "conlleva un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación, pudiendo afectar la producción y valoración de la prueba". En este punto, recurrió a lo dispuesto en el Artículo 320 del Código Procesal Penal, que establece que "el sumario será público para las partes y sus defensores y será siempre secreto para los extraños".
Por último González de Pacce remarca que "la medida solicitada resulta necesaria, razonable y proporcional", aclarando que se limita a las partes intervinientes.
