AMET advirtió que la eliminación del financiamiento pone en riesgo a las escuelas técnicas

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) expresó su rechazo a la derogación del artículo 52 de la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional N.º 26.058 y advirtió que la eliminación del piso legal de financiamiento federal pone en riesgo el funcionamiento de las escuelas técnicas, agrotécnicas, centros de formación profesional e institutos superiores técnicos.

A través de un documento, el gremio sostuvo que la medida representa una decisión política que debilita las condiciones materiales necesarias para sostener la educación técnico profesional en todo el país. En ese marco, reclamó la restitución del financiamiento específico para el sector y aseguró que "la Educación Técnico Profesional no puede ser sostenida con voluntarismo institucional, sacrificio docente ni aportes ocasionales de las comunidades educativas".

EL COMUNICADO COMPLETO

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica —AMET— se presenta a las autoridades nacionales para cuestionar de manera categórica la orientación que viene adoptando la política nacional en materia educativa, productiva y tecnológica, expresada entre otras decisiones, en la derogación del artículo 52 de la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional N° 26.058.

No estamos ante una modificación presupuestaria aislada, ni ante una decisión meramente técnica. La eliminación del piso legal de financiamiento federal para la Educación Técnico Profesional revela una visión que relega a las escuelas técnicas, agrotécnicas (agrarias), centros de formación profesional e institutos superiores técnicos a un lugar secundario dentro de las prioridades del Estado Nacional. Al suprimir una garantía específica, estable y previsible de recursos para la ETP, el Estado Nacional ha debilitado deliberadamente las condiciones materiales necesarias para sostener talleres, laboratorios, equipamiento, infraestructura, conectividad, insumos, prácticas profesionalizantes, becas, formación docente y proyectos de innovación tecnológica.

Las consecuencias de esta decisión no son abstractas ni futuras; impactan directamente sobre el derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad, sobre las condiciones de trabajo y formación de los docentes y por lo tanto sobre la capacidad de la Argentina para construir un proyecto de desarrollo industrial, científico, tecnológico y productivo con empleo calificado a nivel federal. No se trata de una omisión administrativa ni de una consecuencia inevitable de las restricciones presupuestarias. Se trata de una decisión política concreta del Estado Nacional: quitarle a la Educación Técnico Profesional una garantía específica, estable y previsible de financiamiento.

Quienes impulsan políticas de desfinanciamiento de la Educación Técnico Profesional deben rever esta postura. No existe desarrollo industrial, soberanía tecnológica, producción con valor agregado, transición energética, innovación, empleo calificado ni crecimiento federal posible si se debilitan las escuelas técnicas, las escuelas agrotécnicas, los centros de formación profesional y los institutos superiores técnicos.

Resulta contradictorio que se invoquen discursos vinculados con la inteligencia artificial, la automatización, la minería, la energía, la economía del conocimiento, la construcción inteligente, la electromovilidad o los nuevos desafíos productivos, mientras se elimina la garantía material que permite formar a los técnicos, trabajadores y profesionales que esos procesos demandan.

La Educación Técnico Profesional no puede ser sostenida con voluntarismo institucional, sacrificio docente ni aportes ocasionales de las comunidades educativas. Desde la implementación de esta ley y hasta el año 2024 se ha duplicado los ingresantes a las Escuelas de la ETP, lo que habla a las claras del éxito de esta norma.

La propia Ley de Educación Técnico Profesional establece que es responsabilidad indelegable del Estado asegurar el acceso de todos los ciudadanos a una Educación Técnico Profesional de calidad. Asimismo, dispone que el Estado, a través del INET y con participación jurisdiccional, debe segurar de manera gradual, continua y estable niveles adecuados de equipamiento para talleres, laboratorios y entornos de aprendizaje, así como promover la actualización permanente de docentes y equipos directivos.

La Ley de Educación Nacional N° 26206 reconoce a la educación y al conocimiento como un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado. También establece que la educación constituye una prioridad nacional y una política de Estado vinculada con el desarrollo económico y social de la Nación.

Del mismo modo, reconoce a los docentes el derecho a la capacitación y actualización integral, gratuita y en servicio; a condiciones dignas de trabajo; a un salario digno; y a la negociación colectiva nacional y jurisdiccional. No puede exigirse a los docentes técnicos ni otras modalidades y niveles del sistema educativo argentino una actualización permanente frente a procesos pedagógicos, didácticos y tecnológicos cada vez más complejos y además enfrentar situaciones de violencia, abandono y deserción escolar, crisis familiares y sociales graves mientras se recortan o debilitan los recursos destinados a su formación, a las instituciones donde trabajan y a las herramientas con las cuales deben enseñar. Tampoco puede hablarse seriamente de calidad educativa si quienes tienen la responsabilidad de formar a las futuras generaciones de técnicos, trabajadores y profesionales no cuentan con salarios dignos, estabilidad, formación continua, reconocimiento profesional y condiciones materiales adecuadas para desarrollar su tarea.

La calidad de la Educación Técnico Profesional depende de docentes jerarquizados, formados, reconocidos y bien remunerados. Pretender una educación técnica moderna con salarios deteriorados, talleres desactualizados y presupuestos inciertos significa trasladar al esfuerzo individual de docentes y estudiantes una responsabilidad que corresponde indelegablemente al Estado. La decisión cuestionada también se aparta de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona a la educación y establece que la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza técnica y profesional, debe ser generalizada y accesible para todas las personas. Asimismo, dispone que los Estados deben desarrollar activamente el sistema escolar, implementar sistemas adecuados de becas y mejor continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.

Por su parte, el Convenio N° 142 de la Organización Internacional del Trabajo promueve políticas integrales y coordinadas de orientación y formación profesional, vinculadas con las necesidades de empleo y desarrollo económico, social y regional de cada país.

Asimismo, la Recomendación OIT/UNESCO relativa a la Situación del Personal Docente establece como estándar internacional que la remuneración docente debe reflejar la importancia social de la función de enseñar, las responsabilidades profesionales asumidas y la necesidad de asegurar condiciones de vida dignas para los trabajadores de la educación y sus familias.

La política de desfinanciamiento de la Educación Técnico Profesional no constituye, por lo tanto, un hecho aislado. Representa un retroceso en materia de igualdad educativa, derecho a la educación, formación para el trabajo, desarrollo productivo, actualización tecnológica y jerarquización docente. Como corolario corresponde decir que con esta decisión se afectan los planes de muchas familias que proyectan el futuro de sus hijos confiando en estas instituciones para construir su futuro.

Por todo lo expuesto, AMET SOLICITA:

1. La re-incorporación en el Presupuesto Nacional 2027 del Art. 52 de la ley de Educación Técnico Profesional 26058 y los alcances que este establece, sino fuera posible una partida específica, adicional y de ejecución transparente destinada a la Educación Técnico Profesional, que contemple infraestructura, equipamiento, mantenimiento, insumos, conectividad, elementos de seguridad e higiene, movilidad, becas, prácticas profesionalizantes y formación docente.
2. La implementación de un plan federal urgente para la recuperación, actualización y sostenimiento de talleres, laboratorios, sectores productivos, entornos formativos y equipamiento tecnológico de las instituciones de ETP de todo el país.
3. La ampliación inmediata de los recursos destinados al Programa Crédito Fiscal del INET y la regularización del financiamiento de los proyectos aprobados pedagógicamente que quedaron sin cupo presupuestario.
4. La garantía de políticas salariales que aseguren el derecho de los docentes a una remuneración digna, acorde con la responsabilidad profesional, la capacitación permanente y las exigencias específicas de la Educación Técnico Profesional.
5. La plena restitución y vigencia de los programas nacionales educativos. De formación y capacitación técnica y pedagógica continua, gratuita y en servicio para docentes, instructores, directivos y supervisores de la modalidad.
6. La publicación mensual, completa y desagregada por jurisdicción de los recursos asignados, transferidos y ejecutados en materia de Educación Técnico Profesional.
7. La convocatoria urgente a una mesa federal de seguimiento del financiamiento y las políticas de ETP, con participación de las jurisdicciones, Legisladores Nacionales organizaciones sindicales docentes, estudiantes, instituciones educativas, universidades y sectores del trabajo y la producción.
8. La remisión de un informe público sobre los compromisos, cronogramas y definiciones adoptados respecto del financiamiento de la Educación Técnico Profesional durante la 157.a Reunión de la Comisión Federal de ETP.

AMET advierte que la Educación Técnico Profesional no puede quedar subordinada a decisiones coyunturales, discrecionales o ajenas a una planificación nacional de desarrollo. Defender la ETP es defender el derecho de nuestros estudiantes a una educación de calidad que les permita formarse y desarrollarse como ciudadanos responsables y críticos de su entorno, con la capacidad de poder emprender sus propios proyectos, incorporarse como mandos medios en las empresas de producción de bienes y servicios o el de continuar estudios superiores.

Desde AMET sostenemos que esta decisión de desfinanciar la ETP en Argentina nos es correcta, merece ser corregida y que solo perjudica la posibilidad de crecimiento, desarrollo y progreso de las comunidades en donde se encuentran emplazadas estas Instituciones escolares.

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