El Gobierno controlará el paro docente y anticipa sanciones si no se garantiza el 75% de las clases
Capital Humano anunció inspecciones aleatorias en escuelas de todo el país durante la huelga convocada para este lunes. El operativo busca verificar el cumplimiento del servicio mínimo previsto por la Ley 27.802.
En la previa del paro nacional docente convocado por CTERA para este lunes 3 de agosto, el Gobierno nacional confirmó que realizará controles en escuelas de todo el país para verificar el funcionamiento de los establecimientos durante la jornada de protesta. Además, advirtió que podría aplicar sanciones a los gremios si detecta incumplimientos de la normativa vigente.
El Ministerio de Capital Humano informó que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social llevará adelante inspecciones aleatorias con el objetivo de comprobar que se garantice al menos el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, tal como establece la Ley 27.802.
Desde la cartera nacional señalaron que, si durante los controles se constatan incumplimientos, se pondrán en marcha los protocolos correspondientes para aplicar las sanciones previstas.
La medida de fuerza fue convocada por CTERA para reclamar la reapertura de la paritaria nacional docente, una recomposición salarial y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
El pliego de demandas también incluye la sanción de una nueva ley de financiamiento educativo, mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos. Además, el gremio manifestó su rechazo a una eventual reforma jubilatoria y al proyecto denominado "Ley de Libertad Educativa".
En paralelo, los sindicatos docentes que integran la CGT resolvieron avanzar con un plan de lucha sin paro. Las medidas contemplan trabajo a reglamento, clases públicas e informativas y una movilización, cuya modalidad será definida junto con las autoridades nacionales.
El operativo dispuesto por el Ejecutivo se apoya en el artículo 101 de la Ley 27.802, que declara a la educación como servicio esencial y fija la obligación de garantizar un nivel mínimo de funcionamiento durante las medidas de fuerza.
No obstante, la aplicación de ese artículo continúa bajo discusión judicial. Una medida cautelar del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74 suspendió de manera provisoria la declaración de esencialidad mientras se resuelve la cuestión de fondo.
Pese a ese escenario, el Gobierno sostiene que la apelación presentada habilita la continuidad de los controles para resguardar el derecho a la educación.
En el comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano recordó que la administración de las escuelas corresponde a las provincias, aunque remarcó que el Estado nacional mantiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la educación. En ese sentido, afirmó que el objetivo de las inspecciones es asegurar la continuidad del servicio educativo y brindar previsibilidad a las familias.
