Amenazas en escuelas: cambian el protocolo de actuación de las fuerzas federales
A partir de la nueva resolución, se habilitan excepciones ante riesgos graves e inminentes.
A través de la Resolución 725/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad de la Nación estableció cambios en el protocolo de actuación de las fuerzas federales en el caso de ciberdelitos donde existan menores de edad involucrados. La medida hace alusión al crecimiento de amenazas en establecimientos escolares que eran difundidas en redes sociales.
En este sentido, se modificaron los criterios donde el personal policial puede intervenir. Actualmente, la Ley de Protección de Datos Personales N°25.326 prohíbe el tratamiento de datos sensibles de niños y adolescentes sin que haya una autorización judicial. Si durante la tarea de prevención se registra en el espacio cibernético una certeza o presunción donde se vea involucrado un menor, la actividad policial deberá suspenderse. Seguidamente, se debe dejar constancia en el libro de registro y dar aviso inmediato a la autoridad responsable.
A partir de la nueva resolución, se habilitan excepciones ante riesgos graves e inminentes. Los agentes podrán intervenir en los casos donde exista un riesgo de vida para el menor; indicios de desamparo, fuga o sustracción del entorno; comportamientos autolesivos o suicidas sin necesidad de certeza sobre la inminencia del daño; y cuando el niño o adolescente sea presunta víctima de un delito en curso en el ciberespacio cuya prevención o esclarecimiento requiera mantener el monitoreo.
De la misma forma, la actividad policial podrá continuar en el caso de que se registren indicios fundados de riesgo para la vida o integridad física de otros menores, lo que incluye amenazas, planificación o preparación de actos de violencia masiva en instituciones educativas o espacios públicos.
De darse estos casos excepcionales, los efectivos deberán dejar una constancia detallada del porqué de la continuidad de su intervención y notificar a la autoridad responsable de la investigación.
